Amenazan a presidenta y directores de Bahía por negar licencia de funcionamiento

Según la autoridad municipal, el rancho no ha cumplido con los requisitos y reglamentación
0
3977
Amenazan a presidenta y directores de Bahía por negar licencia

La presidenta interina de Bahía de Banderas, Lía Castro Díaz de León, reveló que los directores de Padrón y Licencias y de Protección Civil, así como subdirectores e inspectores de ambas dependencias, han recibido amenazas telefónicas debido a la negativa de su administración de otorgar licencias de funcionamiento a negocios que no cumplen con los requisitos correspondientes.

Estas acusaciones surgieron en una reunión con los dueños y representantes legales de un rancho ubicado en la carretera de Higuera Blanca a Sayulita, que presta servicios de ecoturismo y se encuentra clausurado. Según la autoridad municipal, el rancho no ha cumplido con los requisitos y reglamentación necesarios para obtener su licencia de funcionamiento.

Durante la reunión, la alcaldesa declaró ante la prensa local que, al clausurar el rancho para privilegiar la seguridad de los turistas y evitar tragedias por la falta de los vistos buenos de Protección Civil, los directores han recibido amenazas telefónicas para que el lugar sea reabierto.

“Mis directores recibieron llamadas de individuos no identificados, amenazando que si no entregábamos las licencias y abríamos el rancho, nos íbamos a lamentar porque eran personas de dudosa procedencia”, reveló Lía Castro Díaz de León.

Además, se han recibido amenazas de cierre de la Carretera Federal 200 a la altura del poblado, por parte del ejido de Sayulita, si el rancho no es reabierto, lo que perjudicaría el tráfico y la logística del destino.

En contraste, los empresarios negaron el cierre y las llamadas, argumentando que se les daba largas en sus trámites y señalando que se trata de un tema personal. No obstante, la edil no descartó tomar acciones legales, como un acto de protección a los directores.

Finalmente, Lía Castro Díaz de León atribuyó estas prácticas intimidatorias a la regularización de los negocios en el municipio, evidenciando que muchos operaban sin licencia de funcionamiento y que se realizaban “arreglos por debajo del agua”, lo cual ha permitido recaudar en tan solo cuatro meses 32 millones de pesos, comparado con los ocho millones anuales recaudados anteriormente.

 

AT

Isrrael Torres