Alfaro toma control: atacará pornografía infantil desde Vallarta

En un nuevo golpe de timón desde el gobierno estatal, el gobernador Enrique Alfaro anuncia una cruzada en contra de la pornografía infantil desde Puerto Vallarta, en la que se coordinarán “los tres poderes públicos” y la iniciativa privada para atacar este delito.

Antes, el gobernador de Jalisco habría dicho que México ocupa “el vergonzozo primer lugar mundial en difusión de pornografía infantil”, y advirtió que en Jalisco no se va a tolerar esta cruda realidad que causa daños irreparables en la niñez.

Desde el año 2014, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ubicó a Puerto Vallarta como “un polo de atracción de trata de personas con fines de explotación sexual”.

Alfaro se reunió para tratar este tema con el alcalde de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos Peña así como con el fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, el titular de Turismo, German Ralis Cumplido,  la presidenta del Congreso, Mara Robles, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, Daniel Espinosa Licón, el Consejo Nacional Empresarial Turístico y la senadora Josefina Vázquez Mota.

De acuerdo con cálculos de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados Federal, la emergencia sanitaria impulsó el crecimiento de la industria de la pornografía infantil en el país; ésta se habría incrementado un 73 por ciento a través de internet y de las plataformas digitales.

Apenas el año pasado, diputados y activistas mexicanos advirtieron que el 60 por ciento de la pornografía infantil que se consume en el mundo es generada en México.

Por ejemplo, la diputada Lorena Villavicencio reconoció que dicha situación pone a México en “una alarmante violación a su dignidad y a su interés superior”, según cita la agencia Xinhua.

El 26 de julio del año pasado, Luis Alonso “N”, funcionario municipal adscrito a la Dirección de Seguridad Pública, fue sorprendido en situación de sexo con una menor de 10 años en su automóvil.

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El caso provocó la movilización de grupos feministas exigiendo justicia, sin que hasta hoy haya nuevos avances en estas investigaciones.