Acusan al yerno de Héctor Santana de controlar Desarrollo Urbano sin ocupar cargo oficial

El enroque de Juan Edel Castro Sotelo en la Dirección de Ordenamiento Territorial y Urbano destapó lo que sería una red de corrupción que opera actualmente en la dependencia más lucrativa del XII Ayuntamiento de Bahía de Banderas.

Según señalamientos, persisten los llamados “moches”, encabezados por el yerno del alcalde, Héctor Santana, de apellido Pantoja, pese a que este no ostenta ningún cargo dentro de la dependencia y la controla desde el exterior.

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A través de un documento entregado a la Sindicatura del Ayuntamiento, con copia a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nayarit y al Gobierno del Estado —y que fue filtrado a medios de comunicación—, un grupo de trabajadoras, cansadas de los malos tratos, alzaron la voz y expusieron lo que se vive dentro de la dirección.

Además de los “moches”, señalaron hostigamiento laboral sistemático por parte del subdirector, injerencia política de actores externos y la incorporación de perfiles sin experiencia, que ponen en riesgo la operatividad de la dependencia.

Todo ello, aseguran, se realiza con el consentimiento del propio alcalde Héctor Santana, quien se vería beneficiado por el sistema imperante y buscaría su permanencia.

El escrito expone los siguientes puntos:

• La existencia de una estrategia para remover al personal técnico capacitado y sustituirlo por perfiles sin experiencia, manipulables y políticamente convenientes.
• La intervención directa de actores ajenos a la dependencia, incluyendo al yerno del presidente municipal (Pantoja), en decisiones administrativas de la Dirección.
• La presión sistemática ejercida por el subdirector David Dávalos —actualmente con una carpeta de investigación activa en la Fiscalía—, lo que ha provocado renuncias, traslados forzados y solicitudes de baja debido a un ambiente hostil.

• La permanencia activa en funciones de las CC. Grecia Alejandra González Ornelas y Nidia Ortiz Ramírez, a pesar de contar con bajas debidamente firmadas y autorizadas, lo que vulnera la operatividad del área y compromete la credibilidad institucional.
• La participación del servidor público Diego Hernández, quien forma parte activa del esquema de boicot técnico e institucional que mantiene paralizadas funciones clave dentro de la Dirección. Hernández ha sido denunciado por múltiples trabajadoras por hostigamiento y acoso sexual, cuenta con una carpeta de investigación abierta, y continúa operando con total impunidad, generando un clima de miedo, intimidación y revictimización, especialmente hacia las mujeres del equipo.
• El uso de estructuras internas para intimidar y bloquear a quienes denuncian o cuestionan, mediante vigilancia institucional, represalias, desinformación y presiones jerárquicas.

También se denuncia que, al intentar entregar el documento el miércoles 6 de agosto en la Oficialía de Partes, se les negó la recepción.
Minutos después, una de las personas que participó en la entrega recibió una llamada directa del Secretario del Ayuntamiento, a pesar de que este no tenía autorización ni conocimiento previo de su identidad o número personal, lo que evidencia una grave filtración interna, exposición indebida y vigilancia institucional sobre trabajadores.

Según se informa, se cuenta con evidencia audiovisual, capturas de pantalla y documentos oficiales con acuse de recibido, que respaldan cada una de las afirmaciones contenidas en esta denuncia.

A través de un pliego petitorio dentro del mismo documento, se exige:

• Garantías inmediatas de no represalia para quienes participaron en esta denuncia colectiva.
• La intervención de organismos de derechos humanos ante el ambiente de persecución institucional.
• La investigación urgente de las injerencias externas y actos de presión señalados.
• La ejecución inmediata de las bajas autorizadas de Grecia Alejandra González Ornelas y Nidia Ortiz Ramírez.
• La suspensión y deslinde de responsabilidades de Diego Hernández y David Dávalos, hasta que se resuelvan las investigaciones en su contra.
• La protección de la función pública técnica por encima de intereses políticos.