Pedro Inzunza Noriega y su hijo son acusados de narcoterrorismo en EU
Acusados de narcoterrorismo, Pedro Inzunza Noriega y Pedro Inzunza Coronel fueron formalmente imputados en una corte federal de California por su presunta participación en una de las organizaciones de tráfico de drogas más sofisticadas del mundo. Ambos fueron identificados como operadores clave de la facción Beltrán Leyva, vinculada al Cártel de Sinaloa.
Las autoridades estadounidenses atribuyen a los acusados de narcoterrorismo la operación de laboratorios y redes logísticas de producción y distribución de drogas como metanfetamina, cocaína, heroína y fentanilo, particularmente hacia ciudades como San Diego, Miami y Nueva York. Se les imputa también el delito de brindar apoyo material al terrorismo.
Según documentos oficiales, los acusados de narcoterrorismo fueron responsables de la mayor incautación de fentanilo registrada a nivel mundial. El 3 de diciembre de 2024, autoridades mexicanas decomisaron más de 1.6 toneladas de esta droga en varios inmuebles en Sinaloa, presuntamente administrados por los Inzunza.
Los investigados no solo coordinaban operaciones de narcotráfico, sino que también manejaban esquemas de lavado de dinero y estructuras empresariales fachada en múltiples países, incluyendo Colombia, Costa Rica, México y Estados Unidos. Su influencia habría perdurado por más de dos décadas, según reportes federales.
El Departamento del Tesoro de EU. ya había sancionado previamente a Pedro Inzunza Noriega por su papel como enlace financiero de organizaciones criminales. Desde entonces, las agencias federales intensificaron sus investigaciones, señalándolo como un actor clave en el comercio de drogas sintéticas.
Además de los Inzunza, fueron imputados otros cinco integrantes de la misma red. Entre ellos figuran individuos originarios de Guatemala, Costa Rica y México, quienes cumplían funciones como supervisores de tráfico de cocaína, lavado de dinero y gestión de laboratorios clandestinos.
La estructura criminal habría financiado actos de violencia y extorsión en diversos puntos de América. Se presume que sus operaciones incluían ataques contra autoridades rivales y el uso de armamento para consolidar su control en rutas estratégicas de trasiego.
Los acusados de narcoterrorismo enfrentan ahora penas que podrían incluir cadena perpetua y multas millonarias. En el caso del delito de brindar apoyo material al terrorismo, la sentencia máxima alcanza los veinte años de prisión, mientras que por narcoterrorismo podría dictarse la reclusión de por vida.
La acusación marca un precedente, al ser la primera vez que Estados Unidos presenta cargos de narcoterrorismo contra operadores mexicanos.
