Huyen empresarios y políticos: abandonan 20 hectáreas en Nuevo Vallarta ante el Megaoperativo Nuevo Nayarit
La Fiscalía General del Estado de Nayarit confirmó la recuperación de 20 hectáreas de alto valor comercial en el fraccionamiento náutico de Nuevo Vallarta, en Bahía de Banderas, como parte del Megaoperativo Nuevo Nayarit, luego de que empresas fantasma, empresarios, políticos y presuntos integrantes de células del crimen organizado abandonaran los predios ante la persecución penal en su contra.
La fiscal general, Ludmila Heredia Verdugo, detalló que los terrenos tienen un valor estimado de entre tres mil y cinco mil millones de pesos, con un precio por metro cuadrado que oscila entre 15 mil y 25 mil pesos. Precisó que se ubican en una de las zonas más exclusivas del municipio, en el corredor de la avenida Cocoteros y al margen del Estero El Chino, frente al hotel Marival.
De acuerdo con la Fiscalía, los aseguramientos se realizaron el viernes 16 de enero, luego de que la Fiscalía Anticorrupción promoviera la declaración judicial de abandono, al no comparecer los posesionarios pese a haber sido legalmente notificados, por lo que los predios pasaron a favor del Gobierno del Estado.
“¿Qué pasó? Que la Fiscalía en enero aseguró notificó a las empresas propietarias al Fideicomiso al cual se aportaron, cabe destacar que en muchos casos los inmuebles siguen siendo de la ofendida porque nunca hubo escritura pública de compraventa simplemente hubieron unos contratos privados protocolizados, es decir que fueron a un notario y dijeron sí es mi firma que, la única certeza que les da es que hay una fecha cierta del contrato pero no propiamente la trasmisión”.
Heredia Verdugo explicó que las operaciones se realizaron en 2016, bajo el esquema del Fideicomiso de Bahía de Banderas (FIBBA), cuya finalidad es el desarrollo turístico mediante Centros Integralmente Planeados. Sin embargo, los terrenos debían ser construidos y desarrollados en un plazo máximo de dos años, además de cumplir con cuotas de mantenimiento, obligaciones que no se cumplieron durante casi una década.
La fiscal reveló que los propietarios acumulaban adeudos exorbitantes por concepto de mantenimiento y penalizaciones por no construcción.
“Ya le debían al Estado más de 1,000 millones de pesos en penas de no construcción y de mantenimiento, ya superado el valor de las propias ventas que fueron fraudelentas”.
Ante estos hechos, y al presumirse que la salida de los predios del FIBBA se realizó de manera fraudulenta, políticos, empresarios de alto poder adquisitivo y hasta presuntos delincuentes, que se ostentaban como propietarios y apoderados legales de las empresas, cuentan con órdenes de aprehensión vigentes.
La fiscal indicó que los señalados fueron debidamente notificados de la audiencia correspondiente y contaban con dos opciones legales: comparecer a defender sus bienes, con el riesgo de ser detenidos por las órdenes de aprehensión existentes, o combatir el procedimiento mediante juicios de amparo. Optaron por no presentarse.
Finalmente, Ludmila Heredia Verdugo defendió la legalidad del procedimiento, asegurando que se trata de un proceso “limpio y que tiene un espejo a nivel federal que válida que la actuación del Estado es legal”, en referencia a la Fiscalía General de la República (FGR), y descartó cualquier persecución política o despojo ilegal de inmuebles.
