Hay jueces en Berlín

A todos los integrantes del Poder Judicial: Una narración que navega entre la historia, la fábula y la leyenda. Se cuenta que en Prusia hace siglos sucedió un peculiar enfrentamiento entre un Rey y el modesto propietario de un molino, que derivó en una circunstancia jurídica con efectos en el control del poder político de los gobernantes por parte de los jueces.

La disputa sucedió, según las fuentes que refieren el hecho, entre el Rey Federico El Grande de Prusia y Arnold de Sanssouci, dueño de un molino que circunstancialmente se encontraba cercano al palacio veraniego del monarca.

Como resulta normal, cuando el gobernante asistía a su palacio para suavizar los rigores del clima, ofrecía rumbosas fiestas que reunían a lo más granado de la sociedad prusiana de entonces: artistas, juglares, nobles y propietarios de fincas.

El molino de viento de Arnold molestaba al monarca por al menos dos motivos: la construcción estorbaba la vista de la hermosa campiña y, además, cuando el viento hacía girar las aspas para activar la molienda, se producía un ruido que interrumpía la música interpretada en las festivas reuniones del Gran Federico, con sus distinguidos convidados.

La leyenda y la fábula coinciden en que el Rey mandó traer a su presencia a Arnold, el Molinero.

Oye —le dijo Federico a su súbdito— tu molino resulta una molestia para el reino. Por eso, le espetó, te lo compro.

No, me quedaré con él —respondió Arnold—. Es mi sustento y el de mi familia.

Preso de la arrogancia y el poder que le daba el trono, el Rey montó en cólera y amenazó al molinero, preguntándole si estaba consciente de que podría destruir su molino, sin que hubiese nada que lo impidiera.
Ahí comienza la fábula que da origen a mi colaboración de hoy.

Y es que la leyenda cuenta una primera versión. Que Federico, henchido de poder absolutista, le dijo con displicencia al molinero: “Pues para eso hay jueces en Berlín”, con un dejo burlón que sugería la aplicación absoluta de su poder sin freno, a pesar de los jueces.

Otra versión sugiere que Arnold, que no se dejó apabullar, salió del palacio y se fue directamente a ver a un juez en Berlín para pedirle su intervención ante la tropelía, el cual hizo valer la ley y detuvo el proceso de demolición que el monarca ya había iniciado.

José Esteve Pardo cuenta detalles de la leyenda, en su obra: Hay jueces en Berlín, editada en España en 2020, y aporta elementos para bordar en esta narración a la que se le ha sumado la fábula, pero que concluye en un hecho maravilloso en nuestros días.

La frase “Hay jueces en Berlín” ha trascendido los continentes y hoy día se repite en las aulas y las judicaturas para ser uno de los lemas de la tradición occidental, que lo considera uno de sus mayores logros para el sostenimiento del Estado de Derecho.

Esto es, que ante cualquier controversia que se suscite por el ejercicio del poder público de toda clase de autoridad, está la actuación de los jueces que representa un auténtico valladar frente a los excesos del poder.

La crónica de Federico y Arnold me lleva a expresar hoy mi más amplio reconocimiento a todos los jueces de este país que día con día, y de forma valiente hacen cumplir las leyes y limitan el poder abusivo de los gobernantes. En especial, quiero reconocer a los jueces federales Juan Pablo Gómez Fierro y Rodrigo de la Peza, que han hecho valer el precepto de independencia y contención del ejercicio del poder político que estamos observando en nuestro país.

Desde la entrada del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha intentado, inconstitucionalmente, ejecutar una regresión en el sector energético del país: un memorándum, diversos acuerdos, decretos, resoluciones y una Legislación Secundaria que impacta gravemente la economía y violenta los Tratados Internacionales de los que México es parte.  

Si hay jueces en Berlín, por fortuna que los hay en México y se nota en las resoluciones que recientemente hemos conocido.  

Desde Marzo de 2021, el juez Gómez Fierro otorgó diversas suspensiones definitivas contra la Ley Eléctrica, por violentar la Constitución, por trasgredir los derechos humanos a la salud, a un medio ambiente limpio, por anular las reglas constitucionales que aseguran la libre competencia en el mercado eléctrico y obligar a que en la red de distribución se dé prioridad a la energía producida por la CFE, pese a que se genera con combustibles sucios o con un costo más alto, aumentando necesariamente las tarifas eléctricas y perjudicando a la población.

Por su parte, apenas este 30 de junio el juez Rodrigo de la Peza López Figueroa concedió un amparo en contra de los preceptos de la Ley Eléctrica por considerar lo que hemos expuesto en diversos foros y hasta en la Tribuna de la Cámara de Diputados: que esta ley viola la Constitución, viola los derechos humanos de los mexicanos, ocasiona un daño irreparable al medio ambiente, incrementará las tarifas al comprar energía eléctrica más sucia y más cara, y rompe los principios constitucionales de libre competencia.

Esta decisión del juez De la Peza anula por inconstitucionales las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, con el adicional argumento de que desincentiva la producción de energías limpias.

El día que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó la constitucionalidad de esta Ley, una súper mayoría de las y los ministros —8— por diversas razones, votaron por la inconstitucionalidad de la norma.

Por eso no le falta razón jurídica a De la Peza, porque fundamenta el sentido de sus resoluciones justamente en el voto súper mayoritario de los ministros contra la constitucionalidad de esa ley.

Me da gusto recordar el tronco familiar de este juez: al querido y respetado magistrado José Luis de la Peza Muñoz Cano, presidente fundador del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, padre de este juzgador que hoy se opone a los caprichos del poder y propugna por la vigencia del Estado de Derecho y le recuerda al gobernante que “la ley es la ley”, y que el poder judicial existe para hacerla cumplir.

En la Cámara de los Diputados, la oposición unida rechazamos las modificaciones constitucionales que pretendían introducir en la Carta Magna los preceptos incluidos en la LIE.

Esto provocó que desde diversos sectores se nos tildara como traidores a la patria a quienes votamos en contra de ese despropósito. ¿Los traidores no son acaso los que buscan imponer sus caprichos ideológicos por encima de la voluntad del pueblo, plasmada en la Constitución, y aquellos que promueven desde sus diversas tribunas la imposición de normas que atentan contra el sano desarrollo del país?

Por ello, quiero reiterar mi reconocimiento al valor civil de todas y todos los jueces, magistrados y ministros de este país, y de todas y todos los miembros de la Judicatura, que cumplen con el arduo trabajo de ser diques ante los excesos del Poder, que defienden la ley y la voluntad del pueblo ante los arrebatos de un gobierno autoritario, que las desprecia y que, con base en mentiras, las manipula para lograr beneficios políticos y electorales, basados en la inconstitucionalidad e ilegalidad y que, lejos de beneficiar al pueblo bueno, lesionan sus derechos fundamentales y dañan el medio ambiente en el que viven. Sus resoluciones son la perfecta representación de que “Hay jueces en Berlín” y de que el Estado de Derecho todavía tiene espacios y esperanza en nuestro país.

Presidente López Obrador, las reglas fundamentales de la industria eléctrica están asentadas firmemente en los Artículos 1, 4, 26, 27 y 28 de la Constitución Política que hoy nos rige y que usted juró cumplir y hacer cumplir. No me explico cómo es que ahora pretende violentar la Carta Magna con golpes de timón y caprichos intoxicados de ideología.

¿Quién traiciona y quién defiende los intereses legítimos del pueblo? ¿Quién mira por la prosperidad de la Unión —como dice su protesta de cumplir la Constitución, como lo mandata su artículo 87— y quién está propiciando su empobrecimiento, el aumento de la desigualdad social y haciendo quedar en ridículo a México ante el mundo? 

Honra ser mexicano: “Hay jueces en México”.