La Justicia Cívica busca el cambio de conductas antisociales

En las instalaciones de lo que es el Juzgado Cívico de la Comisaría de Seguridad Ciudadana, esta semana se impartieron capacitaciones a Trabajadoras Sociales, elementos del Área Jurídica, de Análisis y de Prevención del Delito, así como a Jueces Municipales, sobre la inminente implementación de lo que es la Justicia Cívica en el municipio.

Al ser cuestionado sobre lo que significa la Justicia Cívica, el Maestro Daniel Quintanar, instructor y coordinador del programa comentó que este método lo que busca es añadir un elemento más a las áreas de seguridad y en general al conjunto de gobierno que atiende la problemática social diversa.

Es un elementos más para atender a las personas cuyas conductas generan conflicto, generan violación de derechos, generan afectación en los bienes y en las personas, en sus contextos y atenderlas para cambiar su propensión a estas conductas y cambiarles su percepción del mismo instinto, para encontrar con estas personas un proyecto de vida más acorde a los valores y a la convivencia sana.

Este modelo de Justicia Cívica, indicó, es muy cercano al paradigma de Justicia Penal del Sistema Acusatorio, es decir, parte de la presunción de inocencia, cuida mucho la preservación de los derechos de las personas y la certeza procesal y sobre todo abre espacios además del canal punitivo, el castigo, abre espacios diferentes como aquellos donde procesos de desarrollo puedan resultar convenientes. 

Comentó que es reciente en México tiene pocos años y se aplica en México tal vez en una treintena de municipios actualmente (en Jalisco en casi toda el área metropolitana, excepto Zapopan) y tiene la gran ventaja que es un modelo que crece desde lo local.

Tenemos un paradigma nacional de seguridad muy basado en el instrumento de la Guardia Nacional, pero en realidad la seguridad y la convivencia se construyen desde lo local, aseveró.

La Justicia Cívica atiende con las herramientas de lo local, las problemáticas propias de cada lugar y se dijo sorprendido al conocer la fortaleza institucional del área de seguridad, a todas las compañeras y compañeros de los sectores y así dijo estar seguros que será un éxito.

Comentó que es un acercamiento con el Juzgado Municipal de Puerto Vallarta, para mirar de forma colaborativa y conjunta a un paradigma de Justicia Cívica, que busca ofrecer una opción más, además del castigo para las personas infractoras que permita atender la raíz del problema que son las conductas antisociales conflictivas. 

Lo que estamos haciendo, dijo, es brindar los elementos conceptuales al personal del Juzgado de las diferentes áreas, para después aprender junto con ellos la mejor manera de aplicar ese paradigma aquí en Puerto Vallarta, para atender los objetivos que tiene el área de seguridad y por supuesto con ello generar un beneficio social.

Este es un programa que no le cuesta a las personas de este municipio, ni al gobierno, se realiza gracias a una donación de una organización internacional y es para ofrecer buenos resultados.

Objetivos 

Entre sus objetivos se encuentra el prevenir el escalamiento de la violencia, disminuir la reincidencia de faltas administrativas, solucionar de manera transparente y eficaz los conflictos comunitarios, mejorando con esto también la percepción de orden público y seguridad, la convivencia cotidiana y promover una cultura de la legalidad

El proceso de la Justicia Cívica:

Todo inicia cuando hay una infracción al Reglamento de Policía y Buen Gobierno, por lo que la policía interviene y lleva al infractor a la Comisaría, donde primero lo revisa el médico de guardia para hacer su parte médico y ver si es apto.

Luego lo interroga Trabajo Social para hacer una evaluación psicosocial, tener un contacto en la ciudad, ya sea familiar o de trabajo.

De ahí pasaría con la o el juez, a la audiencia pública donde se analizaría su caso o tipo de infracción realizada, si amerita sanción punitiva o en su caso conmutación del arresto por la multa correspondiente y si se acepta la responsabilidad, se puede aplicar la sanción mínima.

El juez cívico debe explicar al infractor el razonamiento detrás de la determinación de una falta administrativa y el impacto de la misma en la comunidad.

La facultad para la imposición de sanciones por infracciones, prescribe por el transcurso de tres meses.

La o el juez puede ofrecer la conmutación de la sanción por Medidas para Mejorar la Convivencia Cotidiana a través de las medidas establecidas en el Catálogo de Medidas Alternativas para la Mejor Convivencia Cotidiana, el cual aún no se ha aprobado en el Pleno del Ayuntamiento.