Ayotzinapa: sigue siendo el Estado

El presidente López Obrador ha llamado a una reconciliación nacional, desde su óptica, la posibilidad de revertir la violencia política que se constituyó alrededor del neoliberalismo requiere de perdón, una especie de punto final.

Sus motivos son evidentes, hurgar en nuestro pasado, sobre todo en el pasado criminal del estado, puede generar un proceso de inestabilidad en la gobernabilidad. En medio de las contradicciones que su presidencia enfrenta no quiere repetir la historia de Madero y generar una herida que provocaría una espiral de violencia aún mayor. Ejemplos sobran en América Latina.

Pero, aunque este argumento es muy importante de tomar en cuenta, el cerrarle el paso al magnicidio político, una política de punto final podría abrirse camino si solo si la verdad se impone. Si se le explica a quienes sufrieron el daño de la necropolítica los por qué y los cómos, en muchos casos, es la entrega de los cuerpos de desaparecidos, pero en la gran mayoría, es el acceso a la justicia, cerrarle el paso a la impunidad.

Y aquí hay una contradicción muy importante, porque la exigencia de justicia requiere que para perdonar los responsables de los actos criminales estos sean juzgados. El Estado renunció en un primer momento a realizar justicia, justo porque de eso dependía su configuración, de violar el estado de derecho, de establecer un estado de excepción que se volvió la regla a lo largo y ancho del país. El territorio se dividió dependiendo de la correlación de fuerzas existentes en las comunidades y los grupos criminales apoyados por las corporaciones policiales, militares y paramilitares.

Esto no es algo de reciente creación, tiene décadas inoculándose en la sociedad mexicana y en su funcionamiento, en hacer de la muerte el régimen de terror en el cual un sector empresarial y político aplican el despojo a comunidades para su beneficio. Esta forma de hacer negocios se exponenció como nunca a partir de la instalación del canon neoliberal de dejar hacer y dejar pasar, es decir, que el mercado definiera heridos y muertos.

Es imposible dar cuenta del despojo que sufrió el estado mexicano al privatizar la mayoría de las empresas paraestatales y el posterior abandonó de las políticas públicas de compensación que aplicaba cierto estado de bienestar sin al mismo tiempo mostrar el terreno ganado por el crimen organizado que cobijó a sectores muy vulnerables que vieron en la producción, comercialización y distribución de drogas un espacio en el cual podrían sobrevivir.

Ya no queda duda que una clase política asumió el control de ciertas partes del mercado de la mano de empresas criminales que a su vez se conectaban con empresas legalmente constituidas para realizar el lavado de dinero producto de las ganancias de estos nuevos negocios en auge. Y quienes para su protección no dudaron en utilizar elementos de las fuerzas policiales y armadas.

En este marco se encuentra la herida abierta de Ayotzinapa y la detención-desaparición de 43 normalistas rurales, pero que definitivamente además está inserto en la persecución política de la disidencia, en la criminalización de la protesta social, y en la contención de las luchas sociales que pugnan por revertir el orden necropolítico.

El tercer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ha demostrado de forma contundente que la normal rural Isidro Burgos estaba infiltrada por elementos del ejército mexicano, que los principales líderes estudiantiles eran objeto de vigilancia a través del software pegasus. A jóvenes opositores se le trataba desde el Estado como peligrosos delincuentes y se le rompía su privacidad, y su derecho a manifestarse, este espionaje ilegal de la que eran objeto no se hacía ni siquiera con los más altos criminales del país.

La manipulación de la escena del basurero de Cocula, no es menor, involucra a miembros de la Marina, y pone de manifiesto toda una operación de estado para encubrir la detención-desaparición. Los montajes realizados por organizaciones de seguridad dan cuenta que desde las más altas esferas del poder estaban involucrados dentro de la necropolítica, por eso el derecho salía sobrando.

El que los tres niveles de gobierno hayan participado en el encubrimiento del crimen de estado de Ayotzinapa es preocupante. La participación desde los actos de sabotaje, manipulación de las escenas, la falsificación y destrucción de pruebas, torturas, detenciones ilegales, espionaje, falsificación y ocultamiento de información habla de una operación de una estructura coordinada desde adentro y desde afuera del estado, una estructura de poder necropolítico cuyos alcances siguen bloqueando el acceso al paradero de los jóvenes estudiantes.

Tanto miembros de la Sedena, la Marina, el desaparecido CISEN, la policía federal, la policía municipal, todas estas instituciones involucradas en la contención del movimiento normalista como si estos fueran delincuentes de gran peligrosidad, todo esto sin una orden judicial de por medio, pero aun así esta estructura ha demostrado estar por encima de cualquier ley, el estado de derecho es letra muerta.

La ejecución ese día del normalista Julio César Mondragón Fontes a quien torturaron hasta matarlo de una forma cruel fue un claro mensaje para todo aquel que se atreviera a buscar la verdad, no hay que olvidar que su cuerpo fue desollado del rostro y que esta práctica militar era usada por los kaibiles guatemaltecos para producir terror en las comunidades que azotaban.

Las madres y los padres de los normalistas de Ayotzinapa no se han rendido un solo día en la búsqueda de sus hijos. Su digna rabia ha buscado conectarse con otras luchas a las cuales la necropolítica mexicana alcanzó y arrebató su tranquilidad. El establecimiento de una pax necropolítica no es una opción para ellos, es de suma importante producir un mecanismo no sólo para encontrar a sus hijos, sino sobre todo darles justicia.

Si se deja impune el montaje realizado desde el Estado de la verdad histórica para encubrir a la economía criminal que, dados los hechos, es imposible no afirmar que tenían amplios intereses en común, tanto económicos como políticos y lo más delicado aún el uso del aparato de seguridad del estado para poder operar, esta herida abierta podría seguir replicándose. Es ahora cuando se debe zanjar esa posibilidad, o de otra forma en el futuro a sabiendas que la impunidad será el resultado habrá quienes se sientan envalentonados para seguir realizando estos hechos atroces.

Es claro que el presidente López Obrador no está encubriendo a nadie, y que busca que la verdad se habrá camino, pero la resistencia de las instituciones involucradas demuestra que esa estructura sigue ahí operando en contra del movimiento social. No queda otra vía que reestablecer el estado de derecho. Esta es la verdadera prueba del sexenio.

En Ayotzinapa, sigue siendo el Estado, y la sociedad no debe descansar hasta encontrarlos, de otra forma la barbarie que ahí anida puede ser la que cierre toda posibilidad de la construcción de una sociedad alternativa.

¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos!