¿Podrá regresar la democracia a Honduras?

Xiomara Castro de Zelaya está por convertirse en la primera presidenta de Honduras, las encuestas le dan 17 puntos de ventaja de su principal competidor Nasry Asfura del Partido Nacionalista, que actualmente gobierna el país.

Castro es la esposa de Juan Manuel Zelaya, quien fue depuesto por un golpe militar en junio de 2009, su participación en la política a través del Partido Libertad y Refundación (Libre) intenta revertir los efectos más devastadores que han provocado ese quiebre institucional.

Juan Manuel Zelaya fue derrocado por ejército con el apoyo del Congreso Nacional por intentar convocar a una Asamblea Constituyente que permitiera modificar la constitución que impuso la Junta Militar de Policarpio Paz García en 1982.

Es importante recordar que Honduras fue gobernada por una Junta Militar a partir de 1972 cuando derrocaron a Ramón Ernesto Cruz. Durante 10 años la junta gobernó represivamente el Estado.

Zelaya intentó modificar la Constitución y para ello buscaba realizar un plebiscito para que el pueblo hondureño decidiera si se convocaba o no a una Constituyente que dejara atrás la Constitución del régimen militar.

El golpe de estado duro, que, bajo la presidencia de Obama, se gestó en Honduras tuvo como telón de fondo debilitar la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), Manuel Zelaya había establecido alianzas con los gobiernos progresistas de Sudamérica, y eso en el espacio de Centroamérica era un peligro. Sobre todo, si uno toma en cuenta que Nicaragua también pertenece a dicha alianza.

Pero el fondo del asunto no se reduce a un problema de orden internacional, sobre todo es un conflicto nacional, que tiene como característica principal el despojo de los recursos naturales estratégicos.

En Honduras, la clase política golpista tiene fundamentalmente dos vertientes importantes, por un lado, el narcotráfico, y por el otro el control de regiones enteras a través de un mecanismo de excepción que se constituyó en lo que se denomina ZEDE.

Las Zonas Especiales de Desarrollo y Empleo son áreas en las que el Estado hondureño ha renunciado a su soberanía. La seguridad de estas regiones está a cargo de un organismo empresarial, los juicios que se pueden dar a partir de conflictos con las comunidades o entre empresas pueden realizarse fuera del territorio hondureño. Literalmente el estado de excepción en estas regiones es la regla.

Para su implementación, además del golpe al ejecutivo se tuvo que realizar un golpe a la Suprema Corte que la había declarado inconstitucional, lo jueces que hicieron la mayoría para ello fueron echados.

El conflicto entre las grandes empresas extractivitas con las comunidades de las diferentes regiones es monumental. Giorgio Truchi ha apuntado que:

“El 35 % del territorio hondureño está concesionado y el 65% de los municipios albergan algún proyecto extractivo y energético. Son más de 300 los proyectos energéticos (aprobados y por aprobar) y al menos 100 los proyectos mineros en territorios indígenas”.

Lo que nos da una idea sobre el tamaño de explotación de los recursos.

El asesinato de la activista ambiental Bertha Cáceres Flores está inscrito en este marco, después del golpe de Estado, la ganadora del Premio Medioambiental Goldman se opuso al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, estos megaproyectos estaban dirigidos a extraer la riqueza nacional destruyendo el medio ambiente regional todo esto a través de concesiones de ríos que dio el propio Congreso Nacional. Su asesino material fue un ex militar haciendo negocios es producto de este ambiente que se generó con el golpe de estado.

Respecta del narcotráfico, hay muchas muestras preocupantes de cómo este ha carcomido los cimientos de la política hondureña. Fabio Lobo, el hijo del presidente Porfirio Lobo a quienes los golpistas le dieron el poder en unas elecciones presidenciales demagógicas, fue detenido en Haití y acusado de tener vínculos con el narcotráfico.

El hermano del actual presidente Juan Orlando Hernández fue acusado en una corte federal de Manhattan de conspirar para importar cocaína a Estados Unidos. Actualmente en Nueva York existe un juicio abierto que involucra directamente al presidente con el narco.

La necropolítica en Honduras depende de esta pinza. Esto es, crearon zonas de excepcionalidad para despojar de recursos naturales estratégicos al Estado de Honduras al mismo tiempo que impusieron el terror con asesinatos a políticos y activistas a través del uso de paramilitares y narcotraficantes. Para lograr todo esto fue clave el golpe de Estado duro contra Manuel Zelaya.

La campaña presidencial de Honduras ha estado envuelta en una guerra mediática sin precedentes, un día sí y otro también la candidata ha tenido que sortear una guerra sucia que principalmente difunde el discurso de odio y que es instrumentado por la derecha latinoamericana.

Tan solo basta observar sus redes sociales, y entre sus principales ataques está que forma parte de una conspiración chavista para hacerse de Honduras, el fantasma de Venezuela ha sido explotado como en todas las elecciones de la región.

Su condición de mujer sale a relucir todos los días, desde los ataques porque está manipulada por su esposo, para este pensamiento conservador ella no tendría la capacidad política para enfrentar los retos y nada más sería un florero, hasta aquella narrativa que habla que su esposo tiene infinidad de amantes en Venezuela, ese es el tono del debate político mientras el Observatorio de la Violencia de la Universidad Autónoma de Honduras informa del asesinato de 68 políticos en los últimos diez meses. Alice Shackelford coordinadora residente de Naciones Unidas en Honduras considera esta violencia política inaceptable.

La campaña de Xiomara Castro se ha centrado en dar esperanza a los campesinos, trabajadores, mujeres, estudiantes y pobres que hoy representan el 70 por ciento de la población. ¡Se van! Es el lema que ha logrado permear sobre todo en los jóvenes.

En medio del proceso electoral el artífice del golpe de Estado Roberto Micheletti fue recibido por el partido de derecha Arena en el Salvador y elogiado por su presunto talante democrático, demagogia pura, pero no por ello deja de ser preocupante.

La posibilidad de que el golpismo no respete las elecciones y genere un fraude es grande, al mismo tiempo de que la violencia política puede hacer lo suyo en un país que necesita regresar al orden constitucional.

El 28 de noviembre son las elecciones será importante que el mundo entero voltee a ver que este proceso puede llevarse en paz, el continente lo necesita.