Inseguridad y violencia, pendientes: Alfaro

Las desapariciones, homicidios dolosos, feminicidios y los cuerpos encontrados en fosas, son los grandes pendientes de Jalisco en materia de seguridad, admitió el gobernador Enrique Alfaro, al presentar su tercer informe en esa materia.

El mandatario señaló que si bien los reportes de personas desaparecidas han bajado 12.7 % con respecto a 2020 y casi 30 % con relación a 2019, aún hay en el estado 10 mil 777 desaparecidos.

Sobre homicidios dolosos, dijo que entre octubre de 2020 y septiembre de 2021 se han cometido 2 mil 109, lo que representa 51 casos más que en el mismo periodo del año anterior.

Precisó tener datos que demuestran que 80 % de estos delitos tienen que ver con venta, tráfico o consumo de drogas y otras actividades delictivas.

Los casos de feminicidio aumentaron 40.68 % con respecto al año anterior, al pasar de 59 a 83; Alfaro Ramírez señaló que en 90 % de los casos el agresor es alguien conocido por la víctima.

Sobre las personas asesinadas que han sido localizadas en fosas clandestinas, el gobernador informó que en lo que va del año se han rescatado los cuerpos de 466 víctimas, 24 menos que el año pasado, pero 402 más que en el último año del priista Aristóteles Sandoval. La explicación, dijo Alfaro Ramírez, es que antes no se buscaba a esas personas.

Además, precisó que se tomó la decisión de no incluir estos casos en el número de homicidios dolosos y contabilizarlos de manera separada porque muchas veces los asesinatos ocurrieron en años anteriores.

El gobernador Alfaro Ramírez también habló de las condiciones en que trabaja el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que en este momento resguarda los cuerpos de 494 personas fallecidas sin identificar y 3 mil 12 secciones anatómicas de cuerpos mutilados, lo que implica que está a 97.8 % de su capacidad.

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El Ejecutivo estatal indicó que al inicio del sexenio hizo un acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que se estableció que el gobierno federal se encargaría del combate a los delitos relacionados con el crimen organizado, por lo que —consideró— de alguna forma es una responsabilidad compartida.

Afirmó que su administración se enfocó a combatir ocho delitos patrimoniales cuyos indicadores eran altos en la pasada administración, pero cuya disminución es de la mitad en comparación con el último año de la anterior administración, al pasar de 67 mil 85 casos a 35 mil 310.