Sobre la urgente necesidad del diálogo

El cobarde asesinato de Abel Murrieta Gutiérrez mientras realizaba actos de campaña por la presidencial municipal de Cajame, Sonora, da cuenta que la violencia política es una realidad propia del actual sistema político mexicano.

Un sistema, que bien podríamos definir como necropolítico, en donde los intereses del crimen organizado se entrelazan a través de la economía criminal para despojar de riquezas o en su caso, reestructurar zonas de forma autoritaria para poder llevar a cabo un proceso de acumulación por desposesión para luego, conectarse con la economía legal.

 No es que la clase política per se tenga un pacto con la pax narca, es que después de más de 35 años del fenómeno del narco en el país, las estructuras políticas y territoriales definitivamente están entrecruzadas con la marca de la violencia.

La política de exterminio desplegada por la pax narca debe ser un llamado de atención nacional. La violencia que se despliega tiene mucho que ver con la forma que ha adquirido el diálogo político. El Estado que debería ser el garante de que este diálogo pudiera darse en primer lugar, fracasó en detener este proceso en la década de los 80, para después colaborar a expandirlo en el período que va de Fox a Calderón.

Hay que apuntar que estas estructuras crecieron y se exponenciaron a partir de la implementación del neoliberalismo, del abandono del Estado para procurar servicios básicos a la población. Al dejar de canalizar recursos a las clases menos favorecidas del país, el narcotráfico pudo ir corrompiendo los lazos sociales hasta el punto de pervertirlos.

Es así, que ahora se hace política en diferentes regiones como en Guerrero, Michoacán, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas por citar algunos ejemplos, desde una estructura que, en definitiva, está comprometida con la necropolítica.

Ante el agravamiento de la crisis económica y la crisis sanitaria derivado de la COVID-19, las comunidades de muchas regiones del país viven bajo el yugo de operadores de los cárteles de la droga. Cárteles que habría que decirlo son entes que bien pueden difuminarse y no tener una presencia permanente.

 El estado de excepción que aplican son parte de una política que durante muchos años fue tolerada por el Estado. Ya sea por intereses corruptos o por incapacidad para resolver el conflicto social. Al mantener una posición de laissez faire laissez passer el mercado de la droga fue definiendo los heridos y muertos.

No es menor, que, en medio de este proceso electoral, un grupo de sicarios pueda atentar contra un candidato a plena luz del día. Es un mensaje de la pax narca a la clase política en su conjunto.

Los cambios que está sufriendo en su estructura por el constante apoyo social por parte del Gobierno Federal que empiezan a recibir las familias mexicanas y que cada vez más jóvenes sean integrados por el Estado empiezan a desestabilizar lo que era su base social.

 Es por eso por lo que ahora, intentan desde la propaganda, hacer acciones como la que dieron a conocer a través de las redes sociales donde se repartían regalos por el día de las madres. Estas acciones, en donde los protagonistas son los mismos pueblos sometidos por la violencia, tienen también como fin intentar legitimarse ante nuevos sectores que antes no los rechazaban, los jóvenes.

La recuperación del papel del Estado para intervenir en la economía será pieza fundamental para ganar terreno a estos grupos ilegales. No es a través de la respuesta violenta del Estado como se recupera a la sociedad, es a través de políticas públicas que puedan beneficiar a las mayorías. Esa es la encrucijada en la que nos encontramos.

 Al mismo tiempo hay que apuntar algo a este fenómeno que estamos viviendo, y es que la autoridad electoral no se ha pronunciado para nada respecto de este fenómeno, es como si no existiera, como si el dinero del narco no estuviera fluyendo en las campañas.

Al haberse centrado como una oposición al presidente y su partido, el INE ha jugado un papel lamentable al no dar visibilidad a una problemática que es de las más importante de todo el sistema político.

 El PRI como partido de Estado durante el siglo pasado pudo movilizar a la sociedad a través de un aparato partidista que estaba insertado en la estructura burocrática, los famosos sectores populares, eso ya no existe pese que a se intenta por todos los medios regresar a una discusión muy atrasada.

 Hoy la necropolítica puede operar a través de todo el sistema de partidos, y operara según las condiciones de su territorio para mantener el silencio de la clase política de la región. Ya no estamos pues ante el viejo discurso de coacción y compra de votos el día de la jornada electoral, estamos ante un mecanismo más sofisticado. Es por eso que aquellos a los que no aceptan las condiciones impuestas lo que le sigue es la muerte. 

Es necesario apuntar que, en la medida que este problema ha podido desbordar a toda la clase política, es que han emergido diferentes grupos desde aquellos que los combaten como las autodefensas como los que se integran.

Las acciones que van a acompañar esta jornada electoral deben apuntar a erradicar la corrupción dentro de nuestro sistema democrático, algo que parece muy lejano cuando uno observa la defensa de Ciro Murayama y Lorenzo Córdova de mecanismos como los de las tarjetas que ofertan candidatos al estilo Peña Nieto con Monex donde la triangulación de recursos fue la regla.

Una sociedad tan lastimada como la nuestra puede rencontrarse en las urnas, no es un mecanismo para dividirse como ha intentado hacer creer el golpismo, al contrario, es un mecanismo de diálogo político sumamente necesario. Ante ello es necesario valorar urgentemente esa posibilidad de diálogo, que a través de la violencia política de la necropolítica se intenta cancelar. No hay que permitirlo.