Constitucionalistas de la hipocresía
Se ha intensificado un debate en la opinión pública, esa que viene sufriendo un declive considerable tanto en su influencia como en la fuerza de sus argumentos, sobre el transitorio presentado en el Senado para la ampliación de la actual presidencia tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCNJ) y del Consejo de la Judicatura Federal.
Todo se ha centrado en el artículo 13 transitorio, la serie de contra argumentos que ha presentado la oposición para declarar que se viola el orden Constitucional, deriva que, desde su perspectiva, un transitorio dentro de una reforma no podría ir en contra de lo expresado en la Constitución.
A partir de ello, se ha lanzado un coro, cada vez más estridente, sobre todo en redes sociales, que impulsan la idea de que estamos dirigiéndonos a una dictadura. Este movimiento del Legislativo sería una gran revelación y la confirmación, de lo que el grupo de ultraderecha FRENAA ha venido denunciando.
Aquí hay que detenernos un momento, y es que, aunque usted crea que los argumentos del odio que se han consolidado por parte de FRENAA y su líder visible Gilberto Lozano son irrelevantes, y no representan a un sector con el cual habría que dialogar o prestar atención para la construcción de la vida pública democrática de México, en Jalisco hay posiciones como la de Pedro Kumamoto de Futuro Jalisco que han empezado a blanquear este tipo de discursos.
Pero algo está pasando en el derecho constitucional mexicano, un proceso que parece ser de mayor profundidad. Y es que, el liberalismo mexicano que había prestado atención en dotar de derechos sociales y garantizarlos dentro del derecho, especialmente dentro de una Constitución garantista, fue subordinado e incluso deformado por la nueva legalidad que implicó el neoliberalismo.
El neoliberalismo se presenta a sí mismo como una reformulación del derecho natural, un derecho acabado, como si se hubiera llegado a la cúspide del pensamiento, y con ello de las garantías que se podrían dar a una sociedad. El problema que se define aquí es que este derecho, es más bien cínico y no proviene de una tradición liberal. Es un derecho que deforma y niega el proyecto del liberalismo mexicano que se procuró por ampliar los derechos de la sociedad.
Al hacer este movimiento, el derecho propiamente cínico, aquel que asume que habrá recursos limitados y habrá que redistribuirlos de tal forma que se tendrán que recortar derechos, así mismo este sirvió para validar el autoritarismo con el que se redistribuyó la riqueza, y entonces aquello que pertenecía a la nación pudo pasar a manos de privados.
Y en esta transformación, la validez de este discurso permitió además construir un andamiaje que pudo incluso construir una nueva época en la SCJN con el cambió de todos sus miembros. Es decir, la transición de este paso no fue nada menor.
Para este nuevo armatoste jurídico el Estado ya no era indispensable para el progreso, es más era una cosa perversa lo más seguro para esta nueva sociedad era apostar directamente por el laissez faire.
Pero pensar en que el desarrollo de la sociedad, el derecho y la economía han llegado a su fin, y no hay forma alguna de transformación sino entregarnos por completo al proyecto económico que provocó la peor crisis económica de este siglo es renunciar a hacer una política que apoye a los que menos tienen. Peor aún, es ceder a que no se puedan construir nuevas utopías que puedan expresarse en la ampliación de nuevos derechos.
Hace ya más de un siglo el pragmatismo en el derecho entendía que la Constitución se descompone, y que hay que repararla, no es pues una lectura sacra, no es un acuerdo sagrado, es en cambio un proceso que está en constante tensión, y habría que actuar sobre ello.
Dejar de lado este proceso de compresión y discusión amplia, es seguir cayendo en las provocaciones y en los gritos esquizofrénicos y paranoicos de líderes como Gilberto Lozano, y todos aquellos que lo validen, aunque lo desprecien.
La ampliación de encargos no es nada nuevo en la política mexicana, ahí están por ejemplo el regalo que le hizo el PRIAN a Lorenzo Córdova al ampliarle su mandato al frente de INE o incluso en la ampliación, que la propia SCJN aceptó, de los magistrados de la Sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
No hay un intento de reelección presidencial o de ampliación del mandato constitucional del presidente López Obrador como las teorías conspirativas empiezan ya a echar riendas sueltas en sus elucubraciones, lo que existe es la intención de combatir el nepotismo y la corrupción que imperan en el Poder Judicial.
La corrupción que operó durante todo este periodo da cuenta de algo más grave, y tenemos dos casos que son representativos. Uno de ellos es el que tiene que ver con la propia SCJN y su exministro Medina Mora que aún hoy siguen sus propios excompañeros ocultado los motivos del por qué mejor decidió dejar su encargo.
El otro tiene que ver con la modificación de la Constitución a través de actos de corrupción graves en torno a lo que se conoce como la Contrarreforma energética. Ahí el procedimiento al parecer fue respetado y validado por la propia SCJN.
No es el Orden Constitucional lo que aquí se rompe, no es un golpe como lo han pretendido presentar los mass media. Es la acción de una fuerza política que intenta revertir los años de despojo que fueron validados por una política neoliberal. Es pues una diferencia de proyectos antagonistas.
Los constitucionalistas de la hipocresía quieren olvidar todo esto, pero el pueblo tiene memoria. No se puede manipular con el uso del derecho para seguir manteniendo este régimen de despojo.
