El intento de fraude preventivo del INE

La lamentable intervención del Instituto Nacional Electoral (INE) con un argumento falaz para modificar las reglas de la elección puede generar un conflicto poselectoral muy delicado. No es menor la situación en la que nos encontramos, estamos ante una crisis económica que vinimos arrastrando desde 2008 y que se suma a la pandemia producida por la COVID-19.

El proceso electoral arrancó el 7 de septiembre de 2020 de forma legal, mismo que aprobó el Consejo General del INE para la renovación de la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas, mil 63 diputados locales de 30 Congresos estatales y mil 926 presidencias municipales en 30 estados del país.

El acuerdo político entre diferentes fuerzas es una de las mediaciones esenciales para el dialogo democrático. Es decir, durante todo este periodo las diferentes fuerzas políticas representadas ya sea en partidos políticos o en candidaturas ciudadanas se dan cita durante este periodo para definir estrategias y acuerdos para obtener el mayor número de representados.

Es así como las diferentes coaliciones deben sopesar las fórmulas que presentarán a través de convenios de los diferentes abanderados que pudieran tener para enfrentar el escrutinio de la ciudadanía.

Por ejemplo, en Jalisco, desde el año pasado se vienen formulando alianzas en diferentes sectores para formalizar las candidaturas que fueron presentadas como fecha límite este domingo 20 de marzo.

Ahí las diferentes fuerzas políticas definen qué candidato irá por qué distrito o presidencia municipal, ya sea para impulsar el registro de votos de un partido o para ganar mayores espacios a la hora de la elección de los regidores, es un mecanismo propio de la democracia, el poder elegir el tipo de representatividad, no hay nada de ilegal en ello.

Bajo el argumento de que existe una sobrerrepresentación del partido mayoritario en el poder, y que eso genera una distorsión del mandato popular, el INE avaló modificar las reglas para la distribución de las plurinominales.

Lo hace no procurando mantener el orden democrático en el país, ya que la misma Constitución dice que una vez iniciado el proceso electoral no se pueden modificar las reglas de este.

Y lo hace con la manipulación de que faltaban 75 días para la elección, y que aún no había candidatos registrados al momento de su emisión. Lo que omite es que las fuerzas políticas para llegar al registro no pueden hacerlo con una semana de anticipación generando acuerdos, por eso el periodo inició en septiembre, para la construcción de puentes de dialogo entre diferentes sectores sociales.

Al intentar ocultar su grave falta muestra su desprecio por ese mecanismo de dialogo. Por la libre determinación de las fuerzas políticas a los consensos, pero esto les molesta a los consejeros del INE Ciro Murayama y Lorenzo Córdova ahora que Morena es mayoría, no le molestó en absoluto cuando sucedió el Pacto por México.

Es decir, los hoy árbitros electorales han asumido ser parte de una fuerza política que busca restaurar el régimen de despojo de los recursos naturales estratégicos. El trabajo que están intentado realizar, es ganar en la mesa lo que no podrán ganar en las urnas.

Esto puede sentar un peligroso precedente, y es que se busca que el INE avale un fraude preventivo, tal como lo hizo el IFE en el 2006. Al no poder detener la fuerza del movimiento de la cuarta transformación que impulsa un cambio en la correlación de fuerzas en la Constitución para garantizar la soberanía nacional de los recursos naturales estratégicos para el beneficio del pueblo de México la opción que colocan en la mesa es el fraude electoral.

El fraude operado por instituciones electorales con apoyo de organismos internacionales es una nueva forma de quiebre democrático en el marco de las guerras de cuarta generación. Desde esta óptica debemos observar la última indebida intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA) en las elecciones de Bolivia, cuando cantaron un fraude que luego les fue imposible probar.

La ascensión al poder de la presidencia espuria de Jeanine Áñez con el apoyo de la OEA tuvo como consecuencia las masacres de Sacaba y Senkata. El haber retado al pueblo boliviano le salió caro a Áñez quien hoy es juzgada por sus crímenes. Era claro que la correlación de fuerzas no estaba a su favor, y que no hubo fraude alguno, lo que hubo fue un golpe de estado.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debe intervenir, el calendario electoral aprobado por el Consejo General del INE debe ser respetado, y por lo tanto la Constitución marca que no se puede hacer ningún cambio a la normativa electoral cuando el proceso haya comenzado. Generar un quiebre democrático en estas condiciones es generar un escenario en el que ninguna fuerza política podría saber a ciencia cierta el desenlace.

Hace 27 años asesinaron en Lomas Taurinas a Luis Donaldo Colosio Riojas en aquel convulso año del 1994. Nuestra democracia está indudablemente marcada por este asesinato político, que en tiempos del poder absoluto del PRI fue una señal inequívoca de que el pacto de partido de estado llegaba a su fin, se imponían pues los intereses económicos por encima de los intereses políticos.

Hoy la responsabilidad política de todos los actores debe hacer un llamado a detener el fraude preventivo, está claro que saben que perderán en las urnas, y que no tienen el respaldo de pueblo.

Este intento de impedir la transformación ya empezó a consolidarse con un Poder Judicial sumiso ante el poder económico, con esto tratan de sumar al árbitro electoral, oscuros tiempos para la democracia parecen avecinarse, es momentode estar preparados con la movilización social como respuesta, en Bolivia supieron cavarles su derrota.