Corrupción, pillaje e injusticias en el Poder Judicial

No se trata de un asunto de justicia a secas sino de orden político. Esto lo han querido negar los diferentes actores relacionados, incluso el exministro José Ramón Cossío, quien ya se ha metido de lleno en la carrera presidencial para el 2024 con el apoyo de Claudio X. González.

La construcción de su temprana aspiración tiene como eje presentarse como la salvaguarda ante un posible quiebre constitucional. Nada más alejado de la realidad. Su conexión con intereses económicos no tiene asidero en una sociedad que sabe que el legado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación los últimos 30 años ha sido la de proteger los intereses del régimen ideológico neoliberal.

El presidente le dio una repasada sobre sus acciones que hoy pretende borrar al presentarse como un simple académico y analista, cuando fue parte fundamental de este engranaje que permitió la corrupción sin precedentes. Fue importante como en algunas entrevistas que le realizaron se guardó silencio sobre la violencia en San Salvador Atenco, misma que finalmente avaló.

Decir que los jueces de este país están al pendiente de los derechos de las mayorías es irresponsable, peor aún cuando tenemos al juez Juan Pablo Gómez Fierro como uno de los principales encubridores de personajes de la talla de Juan Collado Mocelo, abogado del expresidente Peña Nieto.

Este juez que se encargó de parar toda la reforma de la industria eléctrica es el mismo que detuvo que se investigaran las cuentas y los movimientos bancarios de Juan Collado Mocelo cuando ya era investigado por el Gobierno Federal por lavado de dinero.

Es decir, los intereses de los grandes corporativos nacionales y extranjeros han logrado tejer una red de intereses en el Poder Judicial, que les ayudan a detener cualquier modificación de los contratos leoninos que dejaron sembrados desde el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

Una de las principales preocupaciones del sector es que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) pueda revisar los permisos de autoabastecimiento que se otorgaron en el pasado. Y es que no es para menos, ya que los beneficios que se concedieron superan con mucho las ganancias razonables de las que habló el presidente López Obrador ante la Asociación de Bancos de México.

Este juez detuvo toda la Reforma a la Ley de a la Industria Eléctrica apenas un día después de su publicación. Esto tiene un impacto profundo en la forma en cómo se entiende el poder político en México, sobre todo si pensamos en la manera en cómo los tres diferentes poderes, especialmente el judicial, han tenido o tienen una subordinación al poder económico.

Salvaguardar las leyes, y hacer cumplir la Constitución es un elemento que hace posible el entendimiento en la República. El Poder Judicial encargado de ello, no es emanado de

la democracia directa, su conformación pasa por otro tipo de acuerdo. La estructura jurídica producida para desmantelar productivamente al Estado, y privatizar las ganancias, especialmente en los recursos naturales estratégicos fue clave durante todo este régimen.

Pero aquí hay una contradicción profunda con el mandato popular que hoy ha dado una diferente conformación política a la nación. No sólo eso, además es una fuerza política que no ha sido emanada por el fraude electoral en las urnas o a forma de recursos económicos esparcidos para compra de votos como en los dos sexenios pasados.

Para que este nuevo esquema jurídico pudiera nacer, la república se convulsionó, pasamos por un asesinato político con Luis Donaldo Colosio, y una reconfiguración autoritaria del estado que no permitió que la democracia se expresara. Este régimen de pillaje y expolio tiene una falta de legitimidad en el cuidado de las mayorías.

Hablar de controversias constitucionales amparados en la defensa de los derechos humanos a juego de la Ley de la Industria Eléctrica para mantener los contratos leoninos de empresas transnacionales es de un cinismo sin precedentes.

Pero aquí hay algo más profundo, si el Poder Judicial tendrá la capacidad para reaccionar ante la voluntad de la mayoría, y asumirá reconstruir su estructura jurídica para iniciar una nueva etapa que deje atrás al neoliberalismo tal cual el mandato democrático se ha establecido, o romperá lanzas y protegerá las bases ideológicas que lo vieron nacer yendo a contrapelo de una fuerza que luchó incluso contra fraudes políticos que se transformaron en posiciones jurídicas.

La revisión del actuar de los jueces es un primer paso, pero no el único, y es que si los capitales intentan intervenir en este proceso queriendo mantener el régimen de privilegios que los amparó durante todo este tiempo como es el caso de Claudio X. González, lo que estaríamos viendo no es la libre competencia que tanto dicen respetar sino más bien el aferramiento a una política de influyentísimo que privilegie a ciertos sectores empresariales en detrimento de otros.

Las puertas giratorias como las de Calderón y su ex secretaria de Energía dentro de Iberdrola son un botón que muestra que tan lejos puede llegar la corrupción con el consentimiento de todos los demás poderes, incluyendo el judicial.

No estamos ante un problema jurídico a secas, estamos ante la negativa de un poder de asumir la democracia, es decir estamos ante un problema eminentemente político. Sería usar a través de la corrupción a los jueces y ministros lo que no pudieron ganar en las urnas. Un fraude más, no en las urnas sino en los escritorios del poder judicial.

¿Estarán listos todos los actores para asumir el costo político y democrático de esta ruptura? Está por verse, ya el presidente les dijo claro y directo que él no callará ante el pillaje y la injusticia.