Rocha Moya a revocación de mandato por ingobernabilidad en Sinaloa

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Desde noviembre de 2024, diversos ciudadanos han presentado solicitudes formales ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) para iniciar un proceso de revocación de mandato contra el gobernador Rubén Rocha Moya.

Estas peticiones surgen en un contexto de creciente violencia en la región, que ha intensificado las críticas hacia la administración estatal.

El IEES, en estricto apego a la legalidad y basándose en criterios jurisprudenciales, resolvió que no era procedente iniciar el proceso de revocación de mandato en ese momento.

Sin embargo, el gobernador Rocha Moya, en un gesto que algunos interpretan como apertura democrática, expresó su respeto por la decisión del Instituto, pero manifestó su intención de solicitar que se aplique la revocación de mandato, argumentando que no tendría inconveniente alguno en someterse a la voluntad popular.

En el ámbito político nacional, el senador y presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien anteriormente había defendido al gobernador, recientemente ha mostrado apertura a la posibilidad de un proceso de revocación de mandato en Sinaloa, aunque nuevamente haya reculado y se haya retractado en su discurso del aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta postura, con sus contradicciones e inconsistencias, marca un cambio significativo en el discurso de los principales actores políticos mexicanos, sugiriendo una reevaluación de la situación política en el estado.

Asimismo, el veterano político Manlio Fabio Beltrones, en una entrevista concedida el día de ayer, se pronunció a favor de considerar viable, oportuna y necesaria la revocación de mandato en Sinaloa.

Beltrones enfatizó que la Federación no puede cargar con toda la responsabilidad de un buen gobierno en la entidad, subrayando la importancia de que las acciones y la voluntad del gobierno estatal y los municipios acompañen los esfuerzos federales.

Sinaloa se encuentra en una encrucijada crítica

La escalada de violencia, atribuida en parte a disputas internas entre facciones del crimen organizado, ha colocado al estado en el centro de la atención nacional e internacional.

Esta situación ha generado un debate sobre la eficacia de las estrategias de seguridad implementadas y ha llevado a cuestionamientos sobre la capacidad del gobierno estatal para garantizar la paz y el bienestar de sus ciudadanos.

La posibilidad de una revocación de mandato plantea interrogantes sobre la estabilidad política en Sinaloa y la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.ientras algunos ven en este mecanismo una herramienta democrática para exigir rendición de cuentas, otros advierten sobre los riesgos de desestabilización que podría conllevar en un momento ya de por sí delicado para la entidad.

En este contexto, es imperativo que las autoridades estatales y federales, así como los actores políticos y sociales, trabajen de manera conjunta y coordinada para abordar los desafíos que enfrenta Sinaloa.

La seguridad y el bienestar de la población deben ser la prioridad, y cualquier decisión sobre la revocación de mandato debe tomarse con responsabilidad, siempre buscando el beneficio colectivo y la consolidación de la democracia en el estado.

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