La cuesta de enero de los mexicanos por derechos prediales

El pago del impuesto predial en México se ha convertido en una de las cargas fiscales más cuestionadas por los ciudadanos, no solo por su constante alza, sino por las disparidades en la calidad de los servicios públicos que reciben a cambio. Este gravamen municipal, que afecta a la propiedad de inmuebles como casas, departamentos y terrenos baldíos, se ha convertido en un tema de debate tanto por su legalidad como por su equidad.

Además, quienes poseen terrenos ejidales o inmuebles no regularizados enfrentan el cobro de “derecho de piso”, una contribución adicional que, aunque no está plenamente regulada, incrementa la carga económica sobre los contribuyentes. El predial está diseñado para financiar servicios municipales como alumbrado público, recolección de basura, mantenimiento de calles y seguridad.

Sin embargo, su incremento constante responde a diversos factores:

1. Actualización de valores catastrales:Los municipios ajustan periódicamente los valores de las propiedades para alinearlos con el mercado inmobiliario. En zonas de alta demanda, como Cancún, Los Cabos, Puerto Vallarta o Querétaro, esto resulta en aumentos significativos.
2. Presión presupuestaria: Ante la reducción de participaciones federales, los municipios recurren al predial como una fuente de ingresos clave.
3. Expansión urbana: La necesidad de financiar obras de infraestructura en ciudades en crecimiento también contribuye a los aumentos.

Aunque el argumento técnico para elevar este impuesto parece sólido, muchos ciudadanos cuestionan si el destino de los recursos realmente se traduce en una mejora visible en la calidad de vida. Además, existe un rezago histórico en la recaudación del predial, con una gran cantidad de contribuyentes que evitan este pago por falta de mecanismos efectivos de cobro.

El cobro del “derecho de piso” a propietarios de terrenos ejidales o no regularizados es un tema particularmente sensible. Aunque se presenta como una contribución para permitir el acceso a ciertos servicios básicos, en muchos casos carece de un marco normativo claro, lo que genera incertidumbre jurídica y percepciones de abuso por parte de las autoridades locales.

Esta práctica también evidencia la desigualdad en el acceso a la regularización de la propiedad, un derecho fundamental para muchos ciudadanos. La comparación entre ciudades en México y Estados Unidos revela grandes diferencias en la carga fiscal y la calidad de los servicios.

Ciudades como Los Ángeles, San Diego y San Francisco son famosas por sus elevados costos de vida, alimentados por impuestos altos, como el predial, pero también ofrecen servicios de calidad superior en transporte, seguridad y desarrollo urbano. En contraste, lugares como Texas destacan por impuestos más bajos y una regulación menos estricta, aunque esto a menudo resulta en servicios municipales de menor calidad.

En México, ciudades como Monterrey, Guadalajara o Querétaro tienen una carga fiscal significativa, pero con marcadas diferencias en la infraestructura y servicios que ofrecen en comparación con ciudades de menor desarrollo económico como Oaxaca o Tuxtla Gutiérrez. La creciente carga fiscal en forma de predial y derecho de piso plantea preguntas fundamentales sobre la justicia y la transparencia en el uso de los recursos públicos.

Si bien los impuestos son necesarios para financiar servicios públicos, su legitimidad depende de que los ciudadanos perciban un retorno claro en forma de mejor calidad de vida. Es urgente que los gobiernos municipales adopten medidas para garantizar una mayor equidad fiscal, regularizar el cobro de contribuciones y priorizar la transparencia en el manejo de los recursos. Solo así se podrá restablecer la confianza ciudadana y evitar que esta “vacuna” fiscal siga generando malestar social.