Reforma al Infonavit y ahorro de los trabajadores

El pasado 13 de diciembre, el Senado aprobó las reformas a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y a la Ley Federal del Trabajo en materia de vivienda con orientación social.

Los cambios sientan las bases para que el Infonavit pueda construir vivienda y ofrecer esquemas de arrendamiento, pero también introdujo polémicos cambios en la organización interna del instituto, los cuales han generado reclamos de especialistas.

Además, legisladores de oposición acusan que la reforma también abre la puerta para que el gobierno use los ahorros de trabajadores de manera discrecional.

La reforma pretende dotar al Infonavit de facultades para que participe, en conjunto con actores públicos, privados y sociales, en la construcción de vivienda.

Para este propósito, el Instituto contará con una empresa filial que no será considerada una entidad paraestatal y que gozará de plena capacidad de gestión para el ejercicio de sus funciones en términos del derecho privado.

El cambio representa un primer paso para cumplir con uno de los compromisos de la Presidenta Claudia Sheinbaum durante este sexenio: la construcción de un millón de viviendas.

Además, devuelve al Infonavit un papel activo en la construcción de vivienda, una facultad que tenía desde su fundación en 1972, pero que dejó de lado en la década de los 90 ‘s para enfocarse en el otorgamiento de créditos.

Uno de los temas que ha generado más controversia de esta nueva reforma es el origen de los recursos para que el Infonavit y su empresa filial puedan construir vivienda.

El dictamen de la iniciativa indica que la fuente de financiamiento para la construcción, administración inmobiliaria y arrendamiento social de vivienda deriva directamente de cualquier recurso bajo administración del Infonavit.

Estos recursos incluyen el patrimonio del Instituto, proveniente en buena parte del gobierno federal, pero también comprenden los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda, que concentra las aportaciones recibidas de los patrones, equivalentes al 5% sobre el salario de los trabajadores a su servicio.

La ley indica que estas aportaciones no son patrimonio del Infonavit, sino de los trabajadores. No obstante, el dictamen señala que el Instituto podrá utilizar los rendimientos del Fondo Nacional de Vivienda una vez descontados los intereses que deban recibir las subcuentas de vivienda y previo acuerdo del Consejo de Administración.

Uno de los aspectos más innovadores de esta reforma es la creación de un esquema de “arrendamiento social”, que permitirá a los trabajadores alquilar viviendas cuyo costo no exceda el 30% de su salario. Esto brindará a los derechohabientes la oportunidad de acceder a viviendas dignas a precios más accesibles.

Este cambio también abriría la posibilidad de que más trabajadores obtengan créditos no solo para comprar, sino también para rentar viviendas construidas específicamente para este fin, facilitando así el acceso a una vivienda sin la necesidad de asumir una carga financiera excesiva.

Con esta reforma, en el papel, los trabajadores tendrán más opciones y mejores condiciones para acceder a una vivienda, ya sea mediante compra o arrendamiento.

La seguridad de sus ahorros y el futuro del Infonavit deben garantizarse por el Estado, ya que el objetivo principal del instituto es ofrecer alternativas más justas y accesibles para todos los mexicanos. Porque los trabajadores de México no merecen que sus ahorros se conviertan en la próxima ‘caja chica’ de este gobierno.