Policías de Puerto Vallarta obtienen suspensión condicional del proceso por abuso de autoridad
Foto Archivo
Este jueves, la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco informó que los policías de Puerto Vallarta, pertenecientes a la Comisaría de Seguridad Ciudadana, María Ana “N” y Marcelino “N”, obtuvieron la suspensión condicional del proceso en su contra por los delitos de abuso de autoridad y otras faltas cometidas en la administración pública.
En una audiencia celebrada en los juzgados de Control y Oralidad del Octavo Distrito en Puerto Vallarta, la jueza Susana Azzaid Betancourt Flores otorgó el beneficio previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Como parte de la suspensión condicional, ambos policías de Puerto Vallarta deberán cumplir con las siguientes condiciones durante seis meses:
- Presentarse periódicamente ante la Unidad de Medidas Cautelares.
- Tomar un curso de derechos humanos.
- Mantener su residencia actual y evitar acercarse al domicilio de la víctima o cometer actos de molestia en su contra.
Además, la jueza aprobó un plan de reparación del daño, que incluye el pago de $20,545 pesos por cada elemento a las víctimas, para un total de $41,090 pesos. Asimismo, deberán donar $7,000 pesos cada uno, sumando $14,000 pesos, a la asociación civil Refugio Infantil Santa Esperanza (RISE) en Puerto Vallarta.
El 25 de junio de 2023, en la colonia Las Juntas de Puerto Vallarta, ocurrió un accidente vial que resultó en la muerte de un motociclista. Al arribar al lugar, Marcelino “N” y María Ana “N” detuvieron al conductor responsable, pero omitieron reportarlo como tal en su Informe Policial Homologado (IPH). En cambio, lo presentaron ante la jueza municipal como un individuo detenido por agresión, lo que obstaculizó la investigación para determinar su responsabilidad en el percance.
La madre de la víctima denunció los hechos ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, quien halló irregularidades en el manejo del caso y presentó pruebas de violaciones a los derechos fundamentales de la víctima.
El 1 de abril de 2024, la jueza vinculó a proceso a los policías por abuso de autoridad y delitos cometidos en la administración pública. Sin embargo, la defensa de los uniformados solicitó la suspensión condicional del proceso, llegando a un acuerdo con las víctimas, lo que permitió la resolución emitida este jueves.
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