El sucio y cuestionable negocio de la basura en los municipios de México
En un movimiento que ha encendido los ánimos entre los habitantes de Puerto Vallarta, el Ayuntamiento, encabezado por el alcalde Luis Munguía, aprobó recientemente concesionar el servicio de recolección, traslado y disposición final de residuos sólidos a las empresas regiomontanas Red Ambiental Ciprés y Red Recolector, S.A. de C.V. por un período de 15 años.
El contrato, que comprometerá 867 millones de pesos en los primeros tres años, ha sido presentado como una medida de ahorro, pero los argumentos detrás de esta decisión han sido duramente cuestionados.
El regidor Víctor Bernal, encargado de presentar el dictamen, aseguró que la concesión representará un ahorro de 74 pesos por toneladas, al comparar el costo actual de 2138 pesos con el que la empresa cobrará, fijado en 2064 pesos. Sin embargo, para muchos, esta diferencia resulta insultante frente al enorme desembolso que hará el municipio a largo plazo.
Además, los 96 trabajadores municipales que actualmente se encargaban del servicio no serán despedidos, sino reasignados a otras tareas, manteniendo sus salarios y bonos estacionales. Esto ha generado críticas adicionales, ya que el costo de sus sueldos seguirá recayendo sobre los contribuyentes, aun cuando ya no realizarán la recolección de basura.
Puerto Vallarta no es el primer municipio que enfrenta controversias por concesionar este servicio público. En municipios con altos ingresos fiscales, es común que las administraciones opten por ceder el manejo de la basura a empresas privadas bajo argumentos de eficiencia y ahorro. Sin embargo, estas decisiones han derivado en múltiples escándalos:
- Mal servicio: Reducción en la frecuencia de recolección en zonas residenciales, priorizando las áreas turísticas y comerciales.
- Aumento de costos: Tarifas más altas para grandes generadores, como hoteles y restaurantes.
- Pérdida de activos públicos: Camiones recolectores vendidos a precios bajos o entregados en comodato a las empresas concesionarias.
- Terrenos y maquinaria gratuitos: Infraestructura pública cedida sin costo, lo que no se refleja en las tarifas cobradas.
Puerto Vallarta ha tenido amargas experiencias con este tipo de empresas en administraciones municipales anteriores. Estas experiencias previas han derivado en millonarias indemnizaciones por rescisión de contratos, un escenario que podría repetirse.
Los críticos señalan que existe un riesgo de que la recolección diaria en las colonias populares sea reducida, concentrándose en la franja turística. Esto dejaría a muchos vallartenses enfrentando problemas de acumulación de basura, con las implicaciones ambientales y sanitarias que ello conlleva.
La regidora Micaela Vázquez, única integrante del cabildo que votó en contra de la concesión, argumentó que esta medida es “un retroceso en la gestión pública” y pidió que se exploraran alternativas internas para mejorar el servicio sin privatizarlo.
El panorama actual sugiere que el Ayuntamiento apuesta por un modelo que beneficia más a las empresas concesionarias que a la ciudadanía. Bajo el argumento de un ahorro mínimo, Puerto Vallarta compromete un gasto multimillonario mientras cede su infraestructura y enfrenta el riesgo de nuevos litigios.
El contrato deberá ser firmado en los próximos 20 días, dejando a la población en incertidumbre sobre las condiciones específicas y los beneficios reales de este acuerdo. Lo único claro es que la basura de Vallarta se ha convertido en un negocio de oro, pero no precisamente para los contribuyentes.
Esta decisión parece simbolizar un patrón recurrente en administraciones municipales que priorizan intereses privados sobre el bienestar de sus comunidades. En un momento crítico para la sustentabilidad ambiental y la economía local, la concesión del servicio de recolección de basura podría convertirse en un ejemplo más de los altos costos de gobernar sin transparencia ni responsabilidad social.
Los habitantes de Puerto Vallarta tienen motivos suficientes para exigir respuestas claras y una rendición de cuentas que impida que este contrato se convierta en otro escándalo de corrupción y malas decisiones administrativas.
EU
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