¿QUÉ SIGUE DESPUÉS DE LA REFORMA AL PODER JUDICIAL?

Hoy es un día histórico porque se ha hecho la reforma del Poder Judicial. La Cámara de Senadores declara aprobado el decreto por el que se reforma, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma del Poder Judicial, se remite a la Cámara de Diputados, para que se realice la declaratoria correspondiente

Este miércoles 11 de septiembre por la madruga, el Senado aprobó en lo general y en lo particular, la reforma al Poder Judicial.

¿Qué sucederá a partir del martes 17 de septiembre, el primer día hábil después de la promulgación de la reforma? En el corto plazo, nada.

En el mediano y largo plazo, muchas cosas que aún no sabemos. Por eso el comportamiento del tipo de cambio en los últimos días.

Antes de que la Cámara de Senadores aprobara por mayoría calificada la reforma, la paridad del peso frente al dólar llegó a 20.13. Desde ese momento, el peso ganó alrededor de 60 centavos.

La terquedad de instrumentar de inmediato la reforma judicial, y quizás algunas otras, conducirá a que el arranque del nuevo gobierno ocurra entre incertidumbre financiera y menor crecimiento del PIB.

El arreglo hecho con AMLO no es permanente. Tiene fecha de caducidad. Y creo que quien va a fijar ese momento va a ser López Obrador, pues no va a resistir meterse de lleno en la gestión del próximo gobierno. Eso, tarde o temprano, le va a generar un choque con la presidenta electa.

Jueces y magistrados advierten que la reforma judicial no se apega a las normas del tratado comercial entre México, EE.UU. y Canadá (T-MEC) en aspectos como el compromiso de establecer y mantener “tribunales independientes para la resolución de controversias laborales”.

A la polémica interna se sumó la advertencia de la embajada de Estados Unidos en México, que calificó la propuesta como un “riesgo mayor” para la democracia, agregando que podría amenazar el acuerdo comercial entre los tres países, el cual debe ser revisado en 2026.

Foto: Cortesía

Entre otras reacciones adversas, la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces y Abogados pidió que se reconsidere el proyecto para salvaguardar la “independencia judicial”.

Un argumento similar expresó la organización de derechos humanos Human Rights Watch: la propuesta, dicen, socava “la independencia judicial, la privacidad y la rendición de cuentas”.

Inversores también han expresado su inquietud ante la reforma, diciendo que les preocupa que el próximo gobierno cuente con todas las herramientas para sacar adelante leyes que pueden perjudicar al sector empresarial, restarles seguridad jurídica a las inversiones de largo plazo o aumentar la percepción de riesgo.

Los partidarios, en cambio, aseguran que la transformación del Poder Judicial es una manera de garantizar que Sheinbaum gobierne sin los obstáculos jurídicos que enfrentó AMLO para sacar adelante su agenda “humanista”.

Lo que para unos es democratización de la justicia, para otros es cooptación política.
Pero más allá de cuál sea el resultado, está claro que la inspiración de la reforma es política. Porque, en la práctica, apunta a reducir el poder de la Corte Suprema y su capacidad de obstaculizar al Ejecutivo, que durante todo el sexenio de AMLO vio varias de sus reformas truncadas con argumentos judiciales.

Aunque la reforma, en principio, puede parecer una forma de aprovechar la popularidad de Morena para ganar poder, en el mediano plazo, si baja su favorabilidad, les puede jugar en contra.

En dos países del hemisferio hay elección de jueces por voto popular: Estados Unidos, donde es solo a nivel local, y Bolivia, donde la abstención y el boicot de la oposición han impedido una verdadera democratización del sistema judicial.

Nadie niega que la justicia mexicana debe ser reformada: lleva años sin cambios, tiene una de las tasas más altas de impunidad, heredó vicios del sistema de partido único y la gente no la entiende ni conoce.

La elección de jueces, además, solo contempla las postulaciones hechas por el Ejecutivo. Es decir, de alguna manera, hoy está politizada por definición.

Y en todo caso, los expertos coinciden en que la mayor parte de los problemas judiciales están donde no se está reformando nada: en las fiscalías y sistema locales.

Que ahora la estén aprobando sin contratiempos, pero con protestas puntuales, evidencia la ruptura que hay entre el sistema tradicional, el judicial y político, y las nuevas mayorías mexicanas de la 4T.

YJ