Estado mexicano pide disculpas por masacre de indígenas en 1997

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El Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador asumió la responsabilidad del Estado mexicano de la masacre de 45 indígenas, la mayoría mujeres y niños, perpetrada por paramilitares el 22 de diciembre de 1997 en una ermita de la comunidad de Acteal, en las montañas del estado de Chiapas (sur).

“Asumo la responsabilidad del Estado y ofrezco una disculpa por este suceso doloso e indolente, expresión de un Estado anquilosado y ajeno a los derechos e intereses de la comunidad que pretendió ocultar esta tragedia alternado incluso la escena del crimen para criminalizar a las propias víctimas”, dijo en la ceremonia el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.

Este año se cumplirán 23 años de la tragedia ocurrida en esa comunidad del municipio de Chenalhó, estado Chiapas.

Ante familiares y sobrevivientes de la comunidad de Acteal y representantes de la etnia tzotzil, Encinas encabezó el Acto de Reconocimiento de Responsabilidad y la suscripción del Acuerdo de Solución Amistosa con las víctimas, con lo cual el Estado mexicano cumple parte de una sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

El funcionario federal asumió la responsabilidad del Estado en :

“reconocer la verdad de los hechos, en atender la demanda de procuración de justicia, de reparar integralmente a las víctimas y generar las condiciones para la reconciliación y la paz en esta importante región del país”.

El acuerdo amistoso

El acuerdo de solución amistosa incluye a familiares de 18 de las 45 víctimas fallecidas y 12 de los 26 sobrevivientes de la masacre.

Los familiares de las restantes víctimas esperan recibir el informe de fondo por parte de la CIDH.

“Nunca más otro Acteal, queremos un México en paz donde podamos todos vivir dignamente y tener la oportunidad de prosperar”, expresó Encinas en el acto.

En una incursión paramilitar en la localidad de Acteal, fueron atacados de 1997, indígenas tzotziles de la organización “Las Abejas”, dos días antes de la Navidad.

Después de varios hechos de violencia que incluyeron la quema de viviendas, decenas de indígenas se reunieron para refugiarse y orar en el interior de una pequeña iglesia cristiana protestante de la comunidad, donde fueron asesinadas 45 personas, incluidos niños y mujeres embarazadas. 

El Gobierno mexicano de la época, que encabezaba el entonces presidente Ernesto Zedillo, calificó la masacre como un conflicto étnico entre comunidades.

Pero la oposición y grupos defensores de derechos humanos la consideraron como parte de una estrategia del gobierno para desarticular la base social de la localidad de Acteal.

El crimen oficialmente fue castigado, pero el procedimiento policial y judicial fue muy irregular, y la comunidad sigue exigiendo garantías, porque consideran que el crimen permanece impune.​

 

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