Gobierno de Bahía de Banderas obligado a pagar más de 1 MDP por caso de tortura
El Jueza Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales, con sede en Tepic, Nayarit, ordenó al Gobierno de Bahía de Banderas otorgar 1 millón 010 mil pesos al empresario Eduardo Valencia Castellanos como reparación de daños ocasionados durante su reclusión en el penal de Bucerías el 27 de marzo de 2017.
La entrega del recurso económico se realizará en dos partes. Ya se han entregado 950 mil pesos el pasado 24 de marzo de 2024 y se espera que se entreguen los 60 mil pesos restantes antes de que termine esta administración municipal.
Este ultimátum del Poder Judicial de la Federación se debe a que el Gobierno de Bahía de Banderas, encabezado entonces por la actual presidenta con licencia, Mirtha “N”, ignoró desde 2022 la recomendación 60/2022 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que requería la reparación del daño.
El afectado, por su cuenta, solicitó la reparación del daño en marzo y septiembre de 2023, basándose en una cuantificación que él mismo realizó para una intervención quirúrgica de cadera. Al no recibir respuesta, inició un juicio contencioso, argumentando la violación de sus derechos constitucionales, especialmente el consagrado en el artículo 17 de la Carta Magna, que establece:
“Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes”.
Además, pedía la destitución del cabildo del XI Ayuntamiento de Bahía de Banderas si no se atendía el pago de los daños.
En la audiencia celebrada el 18 de julio de 2024 se ratificó la resolución a favor de Eduardo Valencia Castellanos para concluir con la reparación del daño, dando por terminado el juicio promovido.
Cabe recordar que se trata de un presunto caso de tortura sucedido en el CERESO de Bucerías, cuando estaba a cargo de la dirección de Seguridad Pública en 2017. El afectado, mientras dormía, fue atacado por dos internos, causándole fracturas de cadera y nariz, ojos obstruidos y otras lesiones. Además, quedó con el rostro deforme debido a la inflamación causada por los golpes.
También es preciso señalar que el organismo autónomo ha emitido un decálogo con más de 50 recomendaciones, la mayoría de las cuales no fueron acatadas por la pasada administración ni por la actual, antes de marzo de 2024, cuando se requirió el pago para evitar la destitución del cabildo.
jb
