Un mal planteamiento del Gobierno de Nayarit esconde el Registro Público: AEBBA

El presidente de Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas (AEBBA), Fernando Castro Rubio, fijó la postura del empresariado ante la reforma aprobada el pasado 2 de mayo del 2024 por parte del Congreso de Nayarit, en el que se restringe el acceso a terceros a la información del Registro Público de la Propiedad, misma que fue enviada por el gobernador, Miguel Ángel Navarro Quintero, señalando que fue muy mal planteada y no responde a la crisis de fraudes inmobiliarios y bancarios que vive el estado.

Castro Rubio, denunció que fue una reacción unilateral y no se tomó en cuenta al empresariado, ni a cada uno de los colegios de notarios, abogados y expertos en el tema, para que juntos se hubiera planteado una solución viable e integral que no transgreda los derechos de los nayaritas; aunque se pidió que se les integrará a mesas de trabajo.

Por lo que una vez puesta en marcha esta ley que entró en vigor al otro día de su aprobación, se tendrán que asumir las consecuencias de esta reforma y lo que traiga consigo.

“Creo que es un enfoque errático consideramos que no es la vía, hay otras alternativas de solución; nosotros durante mucho tiempo estuvimos como asociación de empresarios, los colegios de notarios del estado, como del Colegio Nacional y de asociaciones de abogados; se le estuvo comentando al Gobernador, establecer una mesa y un diálogo juntamente con la Asociación de Bancos de México para entender la problemática interior y después proponer una solución (…) lamentablemente no hubo eco a esta petición”, denunció.

El reconocido notario, explicó que una vez que se hizo la revisión de la reforma, se encontró que la justificación del Gobierno de Nayarit, es que es precisamente, el acceso público a la información de la base de datos de las propiedades lo que originó los fraudes inmobiliarios; por lo que la primera reacción fue el restringir el acceso y solo se dejó espacio de consulta para el dueño y quien justifique un interés jurídico.

Esto violenta un principio fundamental de este sistema registral que es la publicidad y el acceso a la información. Recordó que “uno de los principios registrales, no solamente en Nayarit, sino a nivel internacional en aquellos países que comparten el mismo sistema de registro que México, como España y Francia, es precisamente la publicidad”.

Ahora, dijo, tendrá que ser la autoridad la que precisamente explique y plasme en la reglamentación a qué se refiere con “interés jurídico”, ya que se puede ser ambiguo; además que se recomendaría el análisis de los solicitantes y se cargaría de trabajo aún más a esta dependencia, a la par de que se abrirán luchas jurídicas por parte de quienes se verían limitados y discriminados.

“¿Qué va a ocasionar? Probablemente, una serie de amparos e inclusive una controversia o una constitucionalidad porque trastoca uno de los derechos fundamentales que es la publicidad”, comentó.

Los vulnerados de la reforma

Advirtió que quienes se verían más vulnerables, al ya no tener acceso al Registro Público de la Propiedad, son los acreedores alimentarios, herederos, cónyuge o concubina y hasta herederos, entre otros, ya que ahora no tendrán cómo justificar como su sujeto obligado pueda hacer frente el pago de sus deudas u obligaciones, teniendo como garantía sus propiedades; es decir, no se le podrá emplazar, sino que se tiene información de sus bienes.

Incluidos reporteros y periodistas de investigación, quienes desde ahora no tendrán acceso a la información para ventilar casos de corrupción y la adquisición ilegal de inmuebles en el Estado, tal como se hizo con la llamada “Casa Blanca” del expresidente Enrique Peña Nieto y los carteles inmobiliarios que se han señalado a nivel nacional.

Se dijo que lo único positivo que tiene la reforma es la “alerta registral”, la cual notificará al dueño de la propiedad sobre la petición de información del bien inmueble por un tercero ajeno a la misma a través de las solicitudes de inscripción o certificación y detectar algún acto no reconocido o fraudulento, o falsificación de documentos.

GC