Las promesas de campaña

Más dinero para más pensiones. Control de la inflación. Cierre de refinerías. Las promesas que las candidatas han hecho en esta contienda electoral presidencial van directo al corazón de las preocupaciones más grandes de los mexicanos. Sin embargo, no todas las promesas han aterrizado con un plan viable para ejecutarlas.

Algunos de los grandes compromisos en materia económica de las candidatas no cuentan con un plan viable para sostenerlos.

Tanto la candidata de la alianza opositora Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez como la oficialista, Claudia Sheinbaum, han prometido ampliar el actual programa de pensiones a adultos mayores. Actualmente, el Gobierno federal transfiere 6 mil pesos a los adultos mayores de 68 años en todo el país, y a los mayores de 65 años que viven en municipios considerados pueblos indígenas, cada dos meses. Esta Pensión para el bienestar ha aumentado 25% desde 2021 y constituye uno de 17 programas sociales que el presidente Andrés Manuel López Obrador busca dejar en tinta indeleble en la Constitución.

La propuesta de Sheinbaum es ampliar la base de beneficiarios en un millón a partir de 2025. Específicamente, la candidata de Morena quiere reducir la edad de 65 a 60 pero solo para mujeres, a quienes les transferiría la mitad de una pensión para el bienestar. Si se cumpliera la regla de un aumento del 25% anual, la pensión pagaría 7 mil 500 pesos en 2025; al millón de mujeres mayores de 60 años les correspondería, por lo tanto, una pensión de 3 mil 750 pesos bimestrales.

La propuesta de Gálvez es aún más ambiciosa. La candidata propone reducir la edad de pensión de 65 a 60 años, tanto para hombres como para mujeres. Según cálculos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el costo estimado de esta propuesta sería de alrededor de 189 mil millones de pesos si se aplicara este año.

La baja recaudación tributaria de México, de entre 13% y 14% del Producto Interno Bruto (PIB) se ha vuelto foco de organizaciones civiles y académicos quienes proponen una “urgente” reforma fiscal para cubrir el gasto social y garantizar el acceso a servicios públicos.

En el mismo sentido, una propuesta del candidato del partido Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, parece desconectada de la realidad tributaria del país. El emecista ha propuesto “eliminar barreras fiscales” a pequeñas y medianas empresas (pymes), responsables de 9 de cada 10 empleos en el país. La idea es que la declaración de impuestos de las pymes no sea mensual, sino trimestral y que el Gobierno pueda tardar más de dos meses en pagarles sus deducciones de impuestos.

Esto sería difícil de implementar y tiene un margen muy limitado de ganancia. Además, no resuelve un problema de raíz que es que las empresas más pequeñas buscan mantenerse pequeñas no solo para evitar pagar altos impuestos, sino también para evitar llamar la atención del crimen organizado.

Cada gobierno trata de implementar un régimen de incorporación fiscal que trate de hacer más sencillos los trámites para los trabajadores independientes o para las pymes. Creo que los candidatos deberían pensar en otras agendas que busquen beneficiar a este sector y uno que es central es la extorsión.

Sheinbaum ha propuesto seguir decretando incrementos al salario mínimo, como lo ha hecho el actual presidente. La meta es que, en 2030, el ingreso sea suficiente para que las familias adquieran 2,5 canastas básicas, ha dicho. Sin embargo, esta no es una promesa de Morena, sino un compromiso que México adoptó antes de que López Obrador llegara al poder.

Para mí, estas dos son las propuestas que han mencionado las candidatas que me parecen las más inviables por el costo que tendrían para las finanzas públicas. Tenemos un acelerado envejecimiento de la población. Aunque lo pudieran financiar el primer año, tienen que tener presente que la población elegible va a ir creciendo de manera importante. Entonces, al sexto año la carga va a ser mucho mayor. Esta es, quizás, la promesa de campaña más costosa hasta ahora.

A Álvarez Máynez le gusta citar una cifra estimada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) que dice que el costo total por el agotamiento y degradación ambiental es de un billón de pesos, equivalente a 4,5% del PIB. Este es una especie de PIB “natural” que se puede detonar, asegura, con una política ambiental.

El concepto del “capital natural” se refiere a cuantificar el valor monetario de los recursos biológicos que abastecen a los seres humanos de los bienes y servicios que consumen. Esta corriente ha llegado a varios países del mundo y los académicos siguen buscando la manera de crecer las economías en base a estas cuantificaciones.

Pero Álvarez Máynez todavía no ha propuesto cómo hacerlo. Si bien pudiera ser posible que México haga inversiones que protejan los recursos naturales sin que implique una desaceleración económica, las menciones ambiguas del candidato todavía carecen de un plan de ruta para lograrlo. Los ciudadanos, ¿Hemos hecho números de la implicación de cada propuesta?

AT