En noticia de última hora, esta tarde de 13 de diciembre, la Cámara de Diputados del Estado de Morelos ha validado, con una clara mayoría de 230 votos a favor, el desafuero del fiscal general, Uriel Carmona Gándara.

La decisión se centra en acusaciones de ejercicio ilícito del servicio público, asumir el cargo sin acreditar exámenes de control de confianza y afectación al funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El proyecto de desafuero recibió 230 a favor de Morena y sus aliados, 22 votos en contra por parte de Movimiento Ciudadano, mientras que PAN, PRD y PRI optaron por abstenerse, a pesar de que el coordinador del último partido había manifestado su intención de votar a favor.

Procede el desafuero en contra del Fiscal del Estado de Morelos, Uriel Carmona, por haber cometido el delito del ejercicio ilícito del servicio público.
Se autoriza el ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público Federal. pic.twitter.com/pOhKE4523F

— Cesar Gutiérrez Priego M.R. (@cesargutipri) December 13, 2023

Previamente a la votación, Carmona Gándara expresó su intención de defenderse legalmente ante cualquier decisión que la Cámara de Diputados pudiera tomar respecto a su desafuero. En sus palabras, afirmó:

“Combatiré esta determinación con la ley en la mano”, destacando su intención de presentar pruebas a su favor en el Congreso de Morelos, considerando esta instancia como determinante en el proceso.

Se defiende Carmona Gándara tras la decisión del desafuero como fiscal de Morelos

En una entrevista con La Razón, el funcionario recalca que su situación se ha politizado, denunciando una persecución y lamentando la discrepancia entre las autoridades que deberían estar unidas en favor del pueblo.

Carmona Gándara reitera su tranquilidad al asegurar que no ha cometido delito alguno y desglosa la base de la acusación en su contra: la falta de una prueba de control de confianza al asumir su cargo como fiscal en 2018. Sin embargo, defiende que dichas evaluaciones no son un requisito establecido en la Constitución de Morelos y que cumplió con las cuestiones administrativas correspondientes en el momento oportuno, desvinculándolas de cualquier actividad delictiva.

En un gesto de confianza en el sistema legal, afirma que a pesar de la persecución política desde 2019, no ha considerado abandonar su cargo. Ha intentado entablar diálogo con las autoridades señaladoras para presentar su versión de los hechos, pero lamenta la falta de oportunidades para hacerlo.

Resalta el trabajo realizado en la fiscalía, mencionando la transformación llevada a cabo y el énfasis en la defensa de la autonomía del Ministerio Público, asegurando el compromiso por evitar la politización de la justicia.

La aprobación de su desafuero marca un punto crítico en la vida política y judicial de Morelos, generando un debate intenso sobre el uso del fuero y el equilibrio entre la ley y la persecución política en el ámbito estatal.