El papel de la Corte en la paz social

El papel que juega la Suprema Corte de Justicia de la Nación es vigilar el control constitucional de los actos de la autoridad, así como lograr que los derechos humanos sean plenos y, en esa medida, ir destrabando todas las barreras hasta lograr esa armonía social. Como guardiana de la Constitución, garantiza la separación de poderes, el principio democrático y los derechos fundamentales para beneficio de todas las personas que habitan el territorio nacional.

La Corte es la institución que en última instancia dirime los límites al poder, las obligaciones de las autoridades y el contenido de los derechos fundamentales. Es, además, el árbitro final en los casos de conflicto entre poderes o entre gobernantes y gobernados. Pensemos en un conflicto (por agua, territorio, invasión de competencias) entre dos municipios, entre un estado y la federación o entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo.

Si las partes en conflicto no logran una resolución del conflicto por sí mismas, el Poder Judicial interviene a petición de una de las partes para resolver el conflicto. Su decisión es final y, en principio, zanja el conflicto. Puede no considerarse la mejor decisión, puede incluso no considerarse una decisión justa, pero generalmente es aceptada. ¿Por qué? Porque la Corte se considera un poder distinto al ejecutivo y al legislativo, independiente de ambos como también de los gobiernos locales o municipales en disputa.

Nuestro país atraviesa un momento de convulsión social, de autoridades legales cuya legitimidad es cotidianamente cuestionada y frecuentemente cuestionable. En este contexto, lo que necesitamos es un poder judicial que no sólo sea autónomo, sino que se legitime en cada actuación, que sea visto como capaz de fungir como árbitro independiente en los conflictos que revisa. Para ello es indispensable una Corte plural, constituida por profesionales del derecho que cuenten con conocimientos profundos de los diversos temas que se deben resolver. 

La Corte necesita ser integrada por individuos que aporten a la legitimidad institucional y sin claros conflictos de interés. El nombramiento de un ministro de la Suprema Corte de Justicia es de enorme trascendencia para el país porque al final del día los miembros que la constituyen dotan o restan legitimidad al máximo órgano del sistema judicial. En consecuencia, le dotan o restan la capacidad de resolver conflictos sociales y políticos por la vía legal y pacífica.

Nuestro sistema constitucional parte de un frágil equilibrio constitucional. Cada poder tiene funciones establecidas y vigila que los otros poderes no se excedan de las suyas. Si el poder de juzgar estuviera unido al Poder Legislativo, la vida y la libertad de las personas se verían expuestas a un mando arbitrario, pues los intereses del legislativo serían los que guiarían las decisiones del juez. Si estuviera unido al Poder Ejecutivo, el juez se conduciría probablemente con toda la violencia de un opresor, pues esa es la naturaleza del Ejecutivo. Los gobiernos despóticos, se hacen posibles cuando los poderes quedan unidos, porque entonces no hay posibilidad de que unos pongan frenos a otros.

Los nombramientos de la Corte tienen una vigencia de 15 años, pero las decisiones que esos jueces tomen y la imagen que de la Corte generen, tendrán una vigencia mucho mayor. Resalta la renuncia del ex ministro Arturo Zaldivar, quien horas después fue recibido en MORENA con una clara consigna partidista. Esta dimisión, le permite al Presidente proponer una terna al Senado que cuenta con 30 días para resolver; en caso de rechazar la terna, el Presidente envía otra propuesta, en cuyo caso de no prosperar, le da el derecho al Ejecutivo de nombrar al próximo ministro.

Al no tener MORENA las dos terceras partes de los Senadores, no le impide a Andrés Manuel imponer su decisión. Cobra especial relevancia que uno de los temas álgidos a resolver por el pleno es la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial. Al tener el Presidente cinco de los 11 ministros, pudiera inclinar la balanza a favor de su propuesta, aunque sea contraria a la Constitución.

Por ello, la discusión sobre los próximos ministros a la Suprema Corte no puede ser cortoplacista. Estamos ante una decisión sobre el tipo de Estado y de gobierno que tendremos a corto, mediano y largo plazo, una decisión sobre la posibilidad de lograr paz en el país, hoy y en muchos años por venir.

AT