Juez de Vallarta pagará siete mil pesos por reparación de daño en caso de corrupción
El juez municipal de Puerto Vallarta, Miguel Octavio “N”, logró la suspensión condicional del proceso llevado en su contra por abuso de autoridad y por delitos cometidos en la administración de justicia y otros ramos del poder público, tras llegar a un acuerdo para la reparación de daño.
Susana Azzaid Betancourt Flores, jueza de Control y Oralidad del Octavo Distrito Judicial con sede en Puerto Vallarta, resolvió en audiencia celebrada la tarde de ayer que el Juez Municipal pague la cantidad de siete mil pesos a las asociaciones civiles “Canica Puerto Vallarta”, que apoya a niños con cáncer, y a la “Asociación Femenil Vallartense”, por concepto de reparación del daño a la sociedad, luego de que dejara en libertar a los agresores de una oficial de policía.
La víctima de los hechos se dijo satisfecha con el acuerdo y no pidió reparación del daño para ella.
Asimismo, la jueza le impuso las siguientes condiciones a Miguel Octavio “N”, por un periodo de seis meses, deberá residir en su domicilio actual, tomar un curso de capacitación, firmar una vez al mes en la Unidad de Medidas Cautelares, además de abstenerse de viajar al extranjero.
El Juez Municipal es el tercer implicado en el caso que investigó la Agencia Regional de Puerto Vallarta de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
El pasado 20 junio dos policías viales del municipio lograron la suspensión condicional del proceso que se les sigue por estos mismos hechos tras acordar el pago de 10 mi 400 pesos como reparación del daño a la víctima, además de hacer un donativo de siete mil pesos a la asociación civil Pasitos de Luz, Mamás Unidas por la Rehabilitación de sus Hijos de Puerto Vallarta, por concepto de reparación del daño a la sociedad.
Sobre los hechos
En noviembre del año pasado, una policía vial municipal que participaba en el operativo “moto” en la colonia Coapinole, de Puerto Vallarta, fue agredida físicamente por una mujer y un hombre.
Dos policías viales que participaban en el operativo, Mónica Daniela “N” y José Manuel “N”, se percataron del incidente y auxiliaron a su compañera. Subieron a los agresores a su vehículo y le preguntaron a la víctima cómo procedería. Ella les informó que acudiría a los Servicios Médicos Municipales para obtener el parte médico de lesiones y presentar una denuncia penal en contra de sus agresores, por lo que les pidió que solicitaran mando y conducción al Ministerio Público (MP) estatal.
Uno de los elementos pidió mando y conducción al MP, pero no le informó que tenía a las personas detenidas, por lo que el agente solo le indicó cómo llenar el Informe Policial Homologado (IPH). Posteriormente, los policías viales presentaron a las dos personas ante un Juez Municipal por una falta administrativa. En tanto, la víctima acudió a los Servicios Médicos Municipales, donde evaluaron que las lesiones que sufrió tardaban más de 15 días en sanar; pero, como sus agresores fueron liberados y no tenía a quien señalar, presentó la denuncia que integró la Agencia Regional de la Fiscalía Anticorrupción de Puerto Vallarta.
La Agencia Regional de la Fiscalía Anticorrupción integró la carpeta de investigación y presentó ante el juez a los dos elementos de la policía vial que fueron vinculados a proceso el 8 de junio pasado, así como al juez municipal Miguel Octavio “N”, quien fue vinculado por estos hechos un mes después. Hoy los tres imputados alcanzaron la suspensión condicional del proceso, beneficio que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, tras reparar el daño a la víctima y a la sociedad.
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