Por amenaza de golpe de Estado, guatemaltecos salen a marchar y toman las calles

Este sábado 2 de septiembre, un sinfín de guatemaltecos se congregaron en las calles de la capital en respuesta al llamado del presidente electo, Bernardo Arévalo, para manifestarse pacíficamente contra la fiscal general, Consuelo Porras, y los supuestos intentos de impedir que asuma el cargo el próximo 14 de enero.

Portando con orgullo banderas nacionales, los ciudadanos corearon consignas frente al majestuoso Palacio Nacional en la Plaza Constitución, donde exigieron enfáticamente la renuncia de Porras. El presidente electo, Bernardo Arévalo, la señaló como la instigadora de un supuesto golpe de Estado en su contra y la responsable de la persecución judicial contra miembros de su partido, el Movimiento Semilla, que lo llevó a una victoria en la segunda vuelta electoral el pasado 20 de agosto.

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Entre los manifestantes, se escuchaban voces que denunciaban el caso contra Semilla como “fabricado” y calificaban las acusaciones contra Porras de “falsas”, incluyendo la supuesta posesión de un certificado de doctorado plagiado. Los llamados a la renuncia de la fiscal general resonaban en la multitud.

Además de la manifestación, se entregó en la fiscalía una lista ciudadana con más de 100 mil firmas recolectadas a través de una petición en línea para exigir la destitución de la fiscal general.

Guatemaltecos salen a las calles a protestar contra el intento de Golpe de Estado en marcha que anunció el futuro Presidente Bernardo Arévalo. Pasó en Venezuela, Bolivia, Honduras, Ecuador, Paraguay, Brasil, Perú y hoy en Guatemala. El fantasma del Lawfarepic.twitter.com/IoPTRW8rHJ

— Aníbal Garzón 🌎 (@AnibalGarzon) September 3, 2023

La Fiscalía Especial contra la Impunidad, bajo el liderazgo de Porras, inició una investigación contra Semilla por presuntas falsificaciones de firmas durante su proceso de constitución como partido en 2018. Sin embargo, esta denuncia estuvo inactiva hasta que Arévalo avanzó a la segunda vuelta electoral. Fue entonces cuando la fiscalía aceleró sus acciones y logró que un juez ordenara la suspensión de la personalidad jurídica del partido político, impidiéndole participar en la segunda vuelta electoral.

Durante su campaña, Arévalo prometió luchar contra los delitos de funcionarios públicos y el uso político de la fiscalía. La Corte de Constitucionalidad posteriormente declaró que la suspensión de Semilla no era válida, ya que la Ley Electoral y de Partidos Políticos prohíbe la cancelación o suspensión de un partido mientras el proceso electoral esté en curso, que finaliza el 31 de octubre.

La fiscalía respondió a las acusaciones de Arévalo negándolas y las calificó como una campaña de desinformación destinada a desestabilizar el país y socavar el periodo constitucional de la fiscal general.

Diversas organizaciones nacionales e internacionales expresaron su preocupación por las acciones de la fiscalía y su impacto en la democracia guatemalteca. Varios gobiernos, incluyendo Estados Unidos y países de la Unión Europea, también manifestaron su inquietud por el deterioro del Estado de derecho en la nación centroamericana.

El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, hizo un llamado respetuoso a los diferentes sectores para proteger el estado de derecho y respaldar el voto legítimo de los guatemaltecos.

#Quetzaltenango Jubilados marcha en contra del golpe de Estado en Guatemala.

👉Salen en Quetzaltenango en defensa de la democracia y en respaldo a decisión expresada en elecciones generales 2023.

👉Exigen la renuncia de la fiscal general del @MPguatemala📢

Video Cortesía pic.twitter.com/7esTd07JfZ

— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) September 2, 2023

Mientras tanto, el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia contra la certificación de los resultados de la segunda vuelta electoral del 20 de agosto, que otorgó la victoria a Arévalo. La UNE denunció violaciones al debido proceso, al derecho de certeza y seguridad jurídica, así como la garantía a la igualdad en el ámbito del servicio público. El amparo fue admitido a trámite.