Presentan primer paquete de denuncia contra empresas factureras

Foto: Agencia El Universal

Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), presentó el primer paquete de denuncias en contra de 43 empresas factureras que, al emitir facturas falsas en operaciones simuladas por 93 mil millones de pesos.

Anunció además que este martes se presentarán siete querellas ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra los principales grupos que realizaron este delito, por lo que “se acabó la fiesta y todos debemos pagar impuestos”.

En conferencia de prensa que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la Federación, informó que estas denuncias se presentarán por los delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero, para equiparlo con delincuencia organizada.

En Palacio Nacional, Raquel Buenrostro señaló que, en este primer paquete de denuncias, estas empresas factureras se relacionan entre sí, debido a que comparten representantes legales y accionistas, y el grueso de las operaciones facturadas fue a través de “servicios”.

Raquel Buenrostro informó que fueron alrededor de 8 mil contribuyentes que contrataron a estas empresas factureras y a quienes se les enviará una carta a través del buzón tributario o notificación personal a cada contribuyente que utilizó estos esquemas por lo que se buscará que se regularicen.

En este sentido, Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la Federación, indicó que en un plazo no mayor a tres meses también formulará querellas contra los beneficiarios que muestren una falta de interés en regularizarse.

“Vamos a atacar al que vende facturas, al que constituye las empresas y, sobre todo, es el grupo criminal que va a atacar estas empresas. El día de hoy se estarán presentado siete querellas contra los grupos principales de estas factureras para tratar de cuadrar, uno que es la defraudación fiscal, y otro que es ‘lavado’ de dinero”, señaló Romero Aranda.

Informó que la defraudación fiscal tiene una pena de hasta nueve años de prisión y el de la delincuencia organizada es de una pena de hasta 16 años y el decomiso de bienes.

“Se acabó la fiesta, las factureras ya no pueden seguir hacia delante, todos debemos pagar impuestos”, dijo.