Tren Maya no frena ante pancartas de ambientalistas e indígenas

La determinación del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador de construir el turístico de Tren Maya en 1.460 kilómetros de la península de Yucatán (sudeste) fue patente en su primera gira tras el encierro obligado por la pandemia del nuevo coronavirus, pese al rechazo de ambientalistas y comunidades indígenas.

Hacer renacer un ferrocarril construido hace 80 años para enlazar los mayores destinos turísticos del Caribe mexicano con los grandes pirámides mayas de Chichen Itza, Tulúm, Cobá y Palenque, es el primer paso de un ambicioso plan de desarrollo que implica nuevos centros urbanos, reorganizar las ciudades existentes y la llegada a las selvas de la península de millones de nuevos migrantes.

Un tren de pasajeros que viajará a 160 km/h y otro de carga con velocidad menor de 120km/h recorrerán cinco estados: desde Tabasco y Chiapas en el sureste, llegará hasta Campeche, Yucatán y Quintana Roo tocando la Ciudad Blanca de Mérida y la joya mayor del turismo mexicano: Cancún. 

A la obra que contempla inversiones por 6.000 millones de dólares aún le falta adquirir el derecho de vía y construir más de 1.000 nuevos kilómetros de ferrovías, casi 70% del proyecto, más de 14.000 hectáreas con estaciones de ferrocarril, dos libramientos carreteros y nueve zonas de desarrollo.

Desde el 1 al 7 de junio que duró la gira, dos tormentas tropicales azotaron la zona:

Amanda que causó una veintena de muertos en Centroamérica
Cristóbal, que anegaron con lluvias torrenciales la península selvática
Ni los trámites vitales pendiente ni las dos tormentas tropicales disuadieron al jefe del Ejecutivo de postergar el recorrido de más de 3.000 kilómetros por tierra, desde la Ciudad de México, para dar “bandrerazos de salida” a las obras.

Algunos eventos dejaron imágenes peculiares, con López Obrador ondeando en solitario una bandera, mientras una vieja máquina del ferrocarril volvía hacer sonar su silbato y arrastraba unos vagones pintarrajeados con grafitis incomprensibles.

Advertencias ecologistas
En plena gira fue difundido un estudio firmado por decenas de organizaciones ambientalistas, comunidades indígenas y cientos de expertos ecologistas para alertar de que entre los riesgos principales están “la deforestación de 2.500 hectáreas de selvas húmedas y secas, conflictos sociales por tenencia de la tierra 53% del trazo del ferrocarril Maya que se encuentra sobre terrenos ejidales”.

La lista de organizaciones incluye a Greenpeace, Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, la Red de Litigio Estratégico en favor de Comunidades Indígenas y Campesinas de la Península de Yucatán, Diálogo y Movimiento, la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch Xíinbal, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, entre muchas otras. 

La denuncia incluye detallados estudios sobre “impactos en áreas naturales protegidas, pérdida de hábitat, fragmentación, atropellamiento y bloqueos de paso de fauna; generación de ruido que puede afectar la orientación de los murciélagos”.
Las presión poblacional causaría desabasto de agua en la reserva de la biósfera de antigua ciudad maya Calakmul, y elevaría los visitantes al sitio arqueológico de 40.000 visitantes actuales a tres millones de turistas.

Cinco obstáculos
El presidente López Obrador ha presentado el Tren Maya como uno de sus principales proyectos para “detonar el desarrollo del sureste y potenciar el turismo y el desarrollo económico de la región”.

Sin embargo, la red de organizaciones indígenas y ambientalistas ha presentado un voluminosos expediente con cinco “atropellos a los derechos y garantías de la población” sobre todo comunidades indígenas y una alegada “violación del Estado de derecho”.

El primer obstáculo es que “existen diversos amparos judiciales en los que jueces federales han ordenado la suspensión de muchas de las actividades del proyecto”.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha ordenado como medida cautelar, “la suspensión de actividades no esenciales del proyecto”.

El segundo argumento señala que “se pasó por alto el derecho que tienen a decidir libremente su futuro, violando un derecho que se encuentra constitucionalmente protegido, que es el derecho a la libre determinación”.
La tercera objeción es que varios estudios concluyen que el ferrocarril turístico y de carga “propiciará la degradación, deforestación y fragmentación de 23 Áreas Naturales Protegidas”.
El cuarta obstáculo indica que el Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene registro de siete 1.274 sitios arqueológicos.
De éstas reliquias arqueológicos, “1.288 se encuentran a distancias no mayores a 10 kilómetros de la vía férrea, de manera que tendrían una afectación directa”, según el citado estudio encargado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

La quinta objeción es que aún y cuando el gobierno federal ha buscado publicitar un supuesto apoyo desde agencias de la Organización de las Naciones Unidas al proyecto, hasta la fecha “dicho apoyo no existe”.
La comitiva presidencial incluyó al Gabinete de Seguridad Nacional y la gira terminó en las costas de Veracruz en el Golfo de México, en las obras en marcha de la nueva refinería de Dos Bocas.