Lozoya impugna negativa de juez de analizar delito de lavado
Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), promovió un amparo con el cual busca impugnar la decisión del juez de control quien rechazó analizar si prescribió el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por el cual actualmente enfrenta un proceso y que está ligado al caso Odebrecht.
La demanda de garantías fue turnada al juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal, no obstante la jueza Sandra Leticia Robledo Magaña, aún no la admite a trámite, ya que solicitó al quejoso aclare la fecha en que promovió el recurso de revocación.
Los registros judiciales revelan que el amparo fue presentado el 31 de mayo y busca echar para atrás “la negativa por parte del juez de escuchar, analizar y resolver los argumentos planteados sobre la prescripción del delito de operaciones con recurso de procedencia ilícita”.
Cabe recordar que Genaro Alarcón López, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, el pasado 10 de mayo, determinó que no era el momento procesal oportuno para solicitar que se analice si prescribió el mencionado delito.
Los abogados de Lozoya, Alejandro Rojas Pruneda y Miguel Ontiveros Alonso argumentaron durante la audiencia que, la prescripción operaba porque la denuncia de este caso debió ser presentada por la Procuraduría Fiscal de la Federación.
Señalaron que transcurrió más del tiempo necesario para presentar la denuncia, motivo por el cual la causa penal debía ser sobreseída.
De lograrse el sobreseimiento, Emilio Lozoya quedaría libre; actualmente está en prisión preventiva justificada en el reclusorio Norte por los presuntos delitos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita por el caso Odebrecht.
Inicia la investigación contra Lozoya
Fue en 2020, cuando la FGR inició una investigación porque Emilio Lozoya denunció al expresidente Enrique Peña Nieto, y al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, de haberle ordenado repartir más de 100 millones de pesos de sobornos de Odebrecht a la campaña presidencial de 2012 y de comprar con 120 millones de pesos votos en el Congreso de la Unión para aprobar las reformas estructurales de 2013 y 2014.
Asimismo, Lozoya aseguró que se otorgaron beneficios económicos a Braskem, filial de Odebrecht, quien junto con la compañía mexicana IDESA, tenían en sus manos el proyecto de la planta Etileno XXI, en Veracruz, mismo que representó para el gobierno federal pérdidas millonarias.