Gobierno defiende legalidad del Megaoperativo Nuevo Nayarit

El secretario de Gobierno de Nayarit, Juan Antonio Echeagaray Becerra, respondió a la denuncia de amparo interpuesta por 80 familias del fraccionamiento náutico de Nuevo Vallarta por amedrentamiento y del despojo de sus propiedades en el Megaoperativo Nuevo Nayarit; aclarando que se está llevando bajo toda la legalidad y al contrario de lo que dicen los colonos, asegura que existen indicios de acciones fraudulentas. 

Echeagaray Becerra, explicó que se está analizando el origen de la adquisición de las propiedades, es decir, al primer comprador y los antecedentes del mismo en el Registro Público de la Propiedad y aseveró que no se investiga a los adquirentes de buena fe, a quien dijo se les respetará su inversión, por lo que no deben preocuparse. 

“Hay indicios de que los inmuebles fueron originalmente adquiridos de manera dolosa o fraudulenta…-originalmente-  que quede bien claro, porque ha habido transmisiones, los terceros son adquirentes de buena fe, se está viendo el origen y lo que resulte es lo que el Gobierno del Estado a través de Fiscalía actuará y decidirá”, expresó. 

Señaló que, durante el proceso que inició desde abril del 2022 para la recuperación de los bienes que fueron despojados al Fideicomiso de Bahía de Banderas (FIBBA) y al Gobierno de Nayarit, han procedido algunos amparos que demandan la suspensión de los procesos judiciales, por lo que se presumió que no se está actuando de manera ilegal y se están respetando los derechos de los adquirentes. 

“Algunos amparos han procedido y la procedencia de los amparos es: quiten las lonas que hay en el inmueble asegurado y adicionalmente la anotación que se hace en el Registro Público se tiene que cancelar”, agregó.   

Tal fue el caso de los condominios Green Canal, en la primera villa, de Nuevo Vallarta que fue cateada y asegurada en agosto del 2022, en donde estadounidenses y canadienses fueron sacados de sus propiedades que adquirieron por una cantidad arriba de los 300 mil dólares. 

Así como los condominios Quinta San Miguel, ubicados en la Av. Paseos de los Cocoteros #101, en Nuevo Vallarta, a casi terminar su tercera torre, se les fue colgada una lona de inmueble asegurado en septiembre del 2022. 

En ambas situaciones se recurrió al amparo y lograron que las lonas fueran retiradas de las fachadas de los edificios, no obstante, el proceso judicial sigue su marcha de acuerdo a la Fiscalía General del Estado de Nayarit.  

Pide a familias amparadas esperar la resolución de la instancia federal 

Ante las declaraciones vertidas por los colonos afectados en las que se dicen perseguidos por la autoridad, que han perdido la tranquilidad y el derecho a vivir sin ser molestados, el Secretario pidió paciencia e invitó a esperar el proceso de resolución que, ya sea a favor o en contra, dijo que será acatada por el demandante, el FIBBA.  

Al ser cuestionado, negó cualquier acercamiento con los afectados para que se les expliquen las razones de la  persecución, dado que ya escaló a instancias federales, debido al amparo interpuesto por los ofendidos. 

“Tienen un amparo, no podemos, ni ellos, ni nosotros resolver, finalmente quien tiene la razón, está sujeto a una resolución de la autoridad federal. Si ellos en base a la autoridad federal les concede el amparo, de inmediato la autoridad de Fiscalía que no es una autoridad del Gobierno, por ser una organismo autónomo, determinan que es ilegal el aseguramiento, pues se tendrá que levantar”, sentenció.

No obstante, insistió en que la demanda de recuperación de bienes se inició en octubre del 2020 para las propiedades distribuidas en las ocho villas del fraccionamiento, es porque existen los elementos suficientes para aseverar que los predios se adquirieron de manera irregular y bajo esquemas fraudulentos, al haberse simulado pagos de cheques firmados ante notarios que nunca entraron al patrimonio del fideicomiso.   

Familias han gastado más de medio millón de pesos en defenderse

El Gobierno del Estado ha denominado a la recuperación de los predios como una “lucha justa”, ya que las familias que han salido de sus residencias para enfrentar el proceso de investigación desde octubre del 2022,  podrán recuperarlas.

No obstante, las familias dice los contrario, aseguran que las actuaciones son ilegales, unilateral, sacándolos de sus propiedades sin miramientos, teniendo que librar una batalla legal que les ha costado hasta el momento más de medio millón de pesos.

Además de que se dicen dañados en su honor, ya que se les ha abierto un proceso en su contra al igual que el ex gobernador de Nayarit, Ney “N”, actualmente prófugo de la justicia, acusados por el desfalco de 800 millones de pesos al Fideicomiso de Bahía de Banderas. 

Lo anterior, bajo los delitos de ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias, administración fraudulenta, enriquecimiento ilícito y despojo del inmueble en agravio del FIBBA, según lo cotejado en la carpeta de investigación NAY/TEP-III/RH/3317/2022. Todo esto a su consideración sin un sustento jurídico.