Aconsejan SSP recurrir al crimen “para evitar” extorsiones

A raíz de que se ha reconocido que comerciantes, prestadores de servicios turísticos, restaurantes, empresarios y afines a la actividad turística son sometidos a pagar “derecho de piso” por células del crimen organizado, esta semana la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Gobierno de México, planteó una serie de recomendaciones para evitar las extorsiones.

Lo que causó polémica fue que, entre las sugerencias, hechas ante presidentes de la Concanaco-Servytur (Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo), fue que la propia SSP planteó “recurrir a los propios miembros del crimen organizado” para evitar “las mordidas” de funcionarios municipales y estatales.

Según explica el periodista Carlos Velázquez del portal especializado Periódico Viaje, la recomendación de quienes tienen como principal función enfrentar al crimen organizado, fue previo a que llegara a la reunió el titular de la Secretaría de Turismo Federal (Sectur), Miguel Torruco.

“Según la versión de un miembro de la Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas, que fue coincidente con la de un agente de viajes también presente, en el evento previo a la presentación de Sectur se denunció que el delito del cobro de “derecho de piso” es un problema que afecta a la mayoría de los estados de la república.

Pero, además, en forma paralela, están creciendo las extorsiones de funcionarios estatales y municipales que amenazan con clausurar los negocios por infringir diversas reglas, lo que frecuentemente es un mero pretexto para obtener un recurso pecuniario”.

Según narra el artículo periodístico, los comerciantes y agentes de viajes que actualmente ya son víctimas del pago de “derecho de piso”, han “solicitado el apoyo” de células criminales para evitar que sean los Ayuntamientos y Gobiernos del Estado quienes soliciten esa extorsión, cuyo fin, es poder operar sus negocios con normalidad.

“En ese contexto se refirieron a un caso, en el que un comerciante le llamó al celular al delincuente que ya le cobraba por “defenderlo” y cuando le expuso el problema, le pidió que lo comunicara con el funcionario que lo estaba amenazando con clausurarle su negocio.. Después de escucharlo por el teléfono, el funcionario no dijo una palabra más y se retiró”, escribió Carlos Velázquez.