Derecho post Covid

La llegada inesperada del COVID-19 al mundo, declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en marzo de 2020, dejó al descubierto cómo todos los países deben enfrentar la emergencia sanitaria buscando un equilibrio entre proteger la salud, minimizar los efectos adversos en la economía, y respetar los derechos humanos. Para superar estos retos, ha sido necesario buscar la inmunidad de la población, generar nuevos escenarios de trabajo, y adecuar las condiciones de salubridad en beneficio de las poblaciones.

La realidad en tiempos de pandemia se volvió más compleja (confinamientos selectivos según índice de contagios y rebrotes en municipios con la consiguiente afectación/suspensión de derechos a partir de confinamientos perimetrales), lo que ha supuesto que los tribunales han dictado decisiones contradictorias (en unos casos avalando las medidas de confinamiento y, en otros, suspendiendo tales medidas).

Nos tuvimos que adaptar a una situación de incertidumbre. La interpretación del Derecho, y más en situaciones de incerteza como la actual, adquiere mayor protagonismo y no puede dejarse descansar en una mera decisión política (confinamiento / proporcionalidad de medidas sanitarias, control y vigilancia de la libertad individual / derechos fundamentales). Al estudiar el derecho, los profesores utilizaban los supuestos hipotéticos de una pandemia como causa de fuerza mayor y excluyente de responsabilidad. Cuan alejados de la realidad estábamos al pensar que fuera tan fácil como decir, no cumplí con mi obligación porque la pandemia me lo impidió, sin darnos cuenta de la afectación que esto ocasiona en los diversos compromisos.

El virus ha incidido en el mundo del Derecho provocando una inflación de Decretos, leyes y de órdenes ejecutivas, algunas contradictorias por no decir inconstitucionales, como es el caso del listado de actividades esenciales, las cuales varían de estado a estado. Pero más allá de dar soluciones a un problema sanitario y, de la regulación en todos los órdenes para gestionar la situación derivada de la pandemia, e incluso, de los Anteproyectos de Ley para agilizar la Administración de Justicia, conviene plantearse si el Derecho está llamado a sufrir alguna reformulación para que sea capaz de dar respuesta, por un lado, a retos que aún no se habían logrado resolver y, por otra, a los desafíos que a raíz de la pandemia se han tornado más evidentes.

Es decir, se plantea la interrogante sobre de qué modo debería configurarse el Derecho para ofrecer esa “inmunización” que la sociedad necesita. Uno de los retos es el teletrabajo y el derecho al respeto de la vida privada.

Si se desea seguir siendo sociedades libres, habrá que hacerlo de la mano de la tecnología y la transparencia. Ya no queda lugar para procesos opacos en la toma de decisiones. Los ciudadanos han dado un ejemplo de responsabilidad y eso debe tener como respuesta, no un aumento de las restricciones, sino una mejora de las libertades. Ello será una prueba de que se confía en la respuesta de los ciudadanos. Autonomía, autorresponsabilidad, confianza, constituyen unos pilares que conviene que se incorporen a los parámetros de ese renovado Derecho post-Covid.

El Derecho está llamado a cuidar las alteridades, especialmente en un tiempo en el que van a aumentar significativamente las personas y grupos en situación de vulnerabilidad. Hoy en día ha aumentado la brecha de la desigualdad y no sólo se refiere al aspecto económico, sino al acceso y manejo de las tecnologías de la información como son: blockchain, internet de las cosas y la inteligencia artificial. Ello implica que la vertiente social de los derechos humanos deberá ser objeto de especial atención. Y no se trata sólo de consolidar derechos sociales, sino de que recupere la corporeidad, la visibilidad de esos otros tradicionalmente excluidos, invisibilizados muchas veces y que ahora urge especialmente recuperar.

Un Derecho que inmunice frente a la exclusión y la desigualdad –la brecha digital en el ámbito educativo ha sido una muestra-. Si la gestión de la pandemia no es eficaz, objetores, desobedientes y protestas sociales, serán la cara visible de las voces que no se han escuchado. Hoy se puede organizar una marcha en cuestión de minutos; casos los hay tanto locales, como la oposición al verificentro; nacionales, como la defensa del INE; o de índole internacional, como en Francia, contra la reforma al régimen de jubilación.

El Derecho se verá́ cada vez más expuesto a tener que lidiar con situaciones binarias (salud/ Economía; salud pública/libertad de movimiento; salud/privacidad; derecho a la información/Gobierno paternalista-controlador) que incidirán de forma directa en el ejercicio de derechos fundamentales, lo que exigirá una cuidadosa ponderación por parte de los operadores jurídicos. En definitiva, una sociedad post-Covid exigirá un Derecho capaz de ofrecer respuestas y seguridad jurídica en el incierto tiempo pospandémico.

Considero que la pandemia nos dejó muchas enseñanzas, una primera fue la transformación digital, que estaba prevista para desarrollarse en diez años y con la pandemia se fraguó en un año, siendo un parteaguas en la historia junto con el funcionamiento de la red 5G, la cual modificó los usos sociales, las costumbres; nos dejó enseñanzas en la necesidad de la convivencia humana, de cómo la desarrollamos, con la circunstancia de encontrar una mejor calidad de convivencia a futuro, de darnos cuenta de la imposibilidad de relacionarnos con quien necesitamos y deseamos, nos abrió un mundo que estaba inexplorado por la generalidad que tiene que ver con las tecnologías de la información y la comunicación, con las formas de comunicación no presenciales, aprendizaje en el que estamos en pleno desarrollo.

La oportunidad será aprovechar las brechas digitales en beneficio del bien común y el reto para el legislador está en recoger la realidad social para elaborar una adecuada regulación que contemple las aspiraciones sociales que facilite la sana convivencia entre personas.