García Luna no actuó solo

El juicio del policía Genaro García Luna devela no solo una forma de hacer política en el Estado mexicano, de fondo lo que estamos observando es cómo se configuró a través del inicio del siglo XXI una forma de capitalismo, que tuvo como base el neoliberalismo, pero que fue más allá de este, ya que le imprimió una estructura necropolítica.

No es un simple individuo que se corrompió, por más que se quiera llevar a este absurdo. En el mejor de los casos eso es lo que reconocen algunos sectores de la oposición, pero la inmensa mayoría mantiene un pacto de complicidad e impunidad.

No se diga de los medios de comunicación, que han mantenido un silencio sepulcral, el manejo de este tema tiene un tratamiento como si se tratase de un código de la mafia italiana, una omertá. Mientras nadie hable y nadie exponga a los miembros de la mafia no pasará nada. Esto nos lleva a dar cuenta que este proceso no es solamente contra un policía que se desvió del camino, es algo mucho más tenebroso. Ello explica que ni el mismo García Luna quiso hablar en su juicio, sabe que si lo hace puede sufrir el castigo por hablar, esto es, la muerte.

Con la alternancia, periodo que se conoció al cambio del poder del partido hegemónico de Estado, el Partido Revolucionario Institucional al Partido Acción Nacional, se proyectó la idea que una etapa democrática empezaba para el siglo XXI, se decía que eran tiempos de cambio, pero en los aparatos de contrainteligencia y seguridad pública nada cambió.

Los mismos elementos de la antigua Dirección Federal de Seguridad que en 1989 se habían convertido en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) mantenían los espacios de poder que se le habían otorgado, de hecho, fue el expresidente Vicente Fox quien finalmente les otorgó impunidad ante lo que se conoció como la guerra sucia, un periodo en donde estos sectores se dedicaron a asesinar y desaparecer a insurgentes y guerrilleros sin respetar sus derechos humanos.

Este mismo aparato fue el que permitió que, en conjunto con la CIA y la DEA, se financiara a la contra nicaragüense con dinero del narcotráfico proveniente de ranchos con sembradíos de mariguana y amapola en los Estados de Jalisco, Veracruz y Guerrero como lo han reportado desde documentales, así como periodistas hasta algún miembro de la DEA que combatió este tipo de prácticas desde su interior.

Sin haber realizado una reestructuración del aparato de seguridad nacional que funcionaba como una agencia de administración del conflicto del narcotráfico la nueva fuerza que gobernaba, Acción Nacional, heredó sin problemas y absorbió esta forma de enfrentar al crimen.

El policía Genaro García Luna provino de estos aparatos de contrainteligencia, y fue avanzando hasta introducirse en el aparato de seguridad más importante del Estado mexicano. Desde ahí en vez de combatir al crimen organizado y sus estructuras, más bien las administró y reorganizó su poder, que dejó de mantenerse en las esferas de la producción de droga y pasó al despojo de riquezas de empresarios de diferentes regiones del país, generando un proceso de acumulación por desposesión.

Una especie de expropiación y reprivatización en donde a través del terror se despojaba de las propiedades de los empresarios incluidos sus negocios para traspasarlos a este nuevo tipo de poder criminal. Esto dotó del control de regiones enteras al narcotráfico, que pasó de traficar logísticamente droga a adueñarse de sectores productivos en todo el país, lo que significaba que buena parte de los empleos del país son sostenidos por este sistema, buena parte de los negocios más lucrativos quedaron en manos de familias provenientes del narco y que a través de esquemas de lavado de dinero internacional han podido incrustarse en la economía legal.

Ante el amparo del poder político, además se estableció una reestructuración violenta del poder económico. Muchos sectores empresariales, especialmente los empresarios más importantes del norte del país vieron con preocupación que este fenómeno estaba avanzando de una manera muy grave, por ello es por lo que se aliaron con López Obrador en 2018. El frente amplio que logró amasar el tabasqueño partió del hecho esta genuina preocupación.

Pero no siempre fue así, justamente lo que pudo generar este estallido social decadente, provino de la negativa de la clase política y los sectores empresariales más rancios a entregar la presidencia de la república a López Obrador en 2006. Hicieron de todo, de la mano del secretario de gobernación de la época Santiago Creel, para detener, por principio a través del desafuero, y posteriormente mediante un fraude electoral, que no fue más que un golpe de estado preventivo.

La llegada del espurio Felipe Calderón a la presidencia de la república llevó en su desesperación a utilizar la administración de las zonas de poder e influencia del narco como fachada para legitimarse presuntamente en una guerra contra el narcotráfico. Ahí donde los empresarios eran presa fácil, este proceso generó una erosión social sin precedente, como es el caso de Michoacán, el negocio del aguacate y limón tuvieron un impacto sumamente fuerte en este escenario. No fue lo único, incluso se llegó a traficar metales raros que provenían de minas en el que se utilizó trabajo semiesclavo que tuvo como destino China.

Lo peor de este escenario fue la utilización del brazo armado del narco para despoblar regiones enteras mediante matanzas como las de San Fernando o Allende en Coahuila, que no fueron las únicas, pero sí de las que tenemos un registro más claro, todo con el objetivo de despejar zonas que son de alto valor ya sea por permanecer en rutas o tierras quepudieran en un futuro significar disputas como lo es la Cuenca de Burgos, el área de reserva de gas más importante de Norteamérica.

Ahí donde los recursos naturales estratégicos o rutas comerciales eran de interés empresarial, ahí la necropolítica desplegó su terror. Todo esto claro bajo el amparo de la compra de voluntades de políticos de todos los partidos. El caso más emblemático no se llevó a cabo en el sexenio de Calderón sino en el de Peña Nieto, y es precisamente el de la detención-desaparición de los cuarenta y tres normalistas. La amalgama de complicidad entre el ejército, la policía federal, los representantes del gobierno estatal y municipal, así como los sicarios del crimen organizado dan cuenta del tamaño de la estructura que mantiene el control político económico de zonas enteras en el país.

Es obvio que la corte de Nueva York no está juzgando estos crímenes, y que el actual gobierno se interesó más en resolver los problemas derivados de esta estructura reformando las fuerzas armadas y dándoles otro papel, al mismo tiempo que reestructuraba la policía federal en una fuerza nueva llamada Guardia Nacional, esa fue su apuesta para pacificar al país, un reto que aún permanece lejos, y es que la economía criminal logró establecerse como una economía legal dentro de nuestra sociedad. Pase lo que pase en el veredicto del juicio, los testigos nos han revelado parte del drama del que debemos salir pronto.