Suma Vallarta 776 expedientes por abuso sexual infantil

En Puerto Vallarta hay 72,070 niños y niñas y aunque la mayoría todavía conserva la inocencia de la infancia, los expedientes abiertos por casos de abuso sexual que tiene el Sistema DIF Municipal suman 776, mientras que por maltratado infantil son 116.

De acuerdo con el censo de población y vivienda del 2020 del INEGI, en este destino turístico habitan 72,070 niños y niñas, de los cuales 23,198 tienen de 0 a 4 años; 24,049 de 5 a 9 años; y 24,823 de 10 a 14 años. No obstante, los menores se consideran niños hasta los 11 años y desde los 12 a los 17 son adolescentes.

El director del DIF Municipal de Puerto Vallarta, Roberto Ramos Vázquez, informó que en tan sólo dos años 5 meses, se han abierto 776 expedientes de abuso sexual: en 2021 fueron 322, en 2022 336 y en 2023 van 120, es decir, prácticamente un caso por día.

En cuanto a las denuncias de la ciudadanía por maltrato infantil, se han registrado 116 casos en la Delegación Institucional de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes (DIPPNNA), del 01 de octubre del 2021 a la fecha. En este 2023 van 30 casos.

Cabe recalcar que de todos estos expedientes, solo en cuatro de ellos se encontraron los elementos suficientes para iniciar procedimientos penales ante la Fiscalía de Jalisco. Uno de ellos fue la denuncia contra el director del refugio infantil “Santa Esperanza”, quien fue sentenciado por abusar sexualmente de una adolescente.

“A través de diferentes medios se reciben las denuncias, por redes sociales, llamadas de ciudadanos o de medios de comunicación, se acude al llamado a través de un equipo multidisciplinario por parte de la Procuraduría de Protección de Niños Niñas y Adolescentes: va encaminado con una trabajadora social, una psicóloga y un abogado, que son las mesas de trabajo, se hace la investigación en campo para saber la situación del menor. Si hay riesgo se hace el resguardo para su integridad en ese momento, en uno de los albergues que hay colaboración o el de nosotros para que ya no sufra. Si en dado caso el menor cuenta con redes familiares que sean solventes y tengan condiciones para tener el menor, se le pone para guarda y se hace un proceso a través de la delegación, pero se sigue monitoreando el caso”, explicó el titular del DIF.

Actualmente el organismo público descentralizado (OPD) tiene en su resguardo 56 infantes: 32 niñas y 24 niños, de los cuales 13 se encuentran en el albergue “Vida Nueva”, el cual maneja el DIF.

Uno de los derechos de los niños es el de la educación. Después de la pandemia a muchos de ellos les ha costado trabajo el retomar la normalidad y otro más tienen que trabajar para ayudar a sus papás o no quieren acudir por bullying escolar.

“Comúnmente las escuelas nos hacen el llamado cuando un menor deja de asistir al plantel, hacemos un estudio socioeconómico para ver las causas del porqué dejan de acudir. Hay algunas causas por el tema económico que les cuesta el tema del traslado, o psicológicos, porque reciben bullying o tiene algún problema en casa”.

Blanca Elizabeth Hernández Barrón, psicóloga de la DIPPNNA, comentó que dependiendo la edad realizan diferentes actividades o preguntas para detectar si sufren algún tipo de maltrato.

“Con niños pequeños trabajamos con materiales lúdicos que pueden ser láminas, tarjetas muñecos que nos ayuden a través del juego a detectar situaciones, ya con adolescentes les hacemos preguntas específicas. Es importante identificar su comportamiento, porque partiendo de esto no solo con preguntas sino con expresiones y lenguaje no verbal ellos nos dicen antes ciertas situaciones como cuando mencionamos el nombre de algún familiar y empiezan a entrar en crisis y nos ayudan a identificar si existe algún tipo de maltrato”.

Como institución, el DIF tiene un protocolo de actuación para apoyar a los niños que han sufrido maltrato, pero también la familia juega un papel importante porque es el nuevo núcleo en el que va a entrar, en donde el menor necesita amor, seguridad y confianza para pasar la página. 

“El papel de la sociedad es trabajar más en la prevención y detección porque nos podemos enterar de diferentes casos y debemos tener el hábito de detectar y denunciar estos abusos infantiles a las autoridades porque podrían detenerse antes que pase a mayores”, consideró la experta.

En la consulta infantil y juvenil 2021 del Instituto Nacional Electoral (INE), 4,453 niños y niñas de Puerto Vallarta contestaron la encuesta, entre los 3 a los 13 años. De esta cantidad, 449 respondieron que sí trabajan, de los cuales 112 no tiene pago de por medio, 32 son niños de 3 a 5 años y 19 son obligados a trabajar.

En el censo de población del Inegi, también se especificó que de los menores de edad de 0 a 14 años que viven con alguna discapacidad es el 3.8 por ciento de los habitantes de Puerto Vallarta, es decir, 11,089 niños y niñas.

Cabe señalar que aprovechando el Día del Niño, los cumpleaños, las graduaciones y demás fechas especiales para los infantes, en la actualidad hay toda una industria con negocios dirigidos a los niños y niñas.

Claudia Iñiguez, licenciada en educación preescolar, es maestra y también mamá emprendedora que ha se dedica al ramo de la organización de fiestas infantiles con materiales lúdicos.

“Siempre es enriquecedor el trabajo con los niños porque son creativos, siempre tiene energía positiva y me alimenta a seguir trabajando… a la gente le gusta celebrar y siempre hay oportunidad para emprender en el sector de niños y niñas, tengo un negocio de piñatas temáticas y otro nuevo emprendimiento que son módulos para jugar de manera libre y pueden explorar y aprender”.

Los Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes están previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en las demás leyes aplicables, esencialmente en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada el 4 de diciembre de 2014, la cual reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos.

En su artículo 13 enumera el derecho a la vida, supervivencia y desarrollo; de prioridad; de identidad; a vivir en familia; a la igualdad sustantiva; a no ser discriminado; a vivir en condiciones de bienestar y un sano desarrollo integral; a una vida libre de violencia; a la protección de la salud y seguridad social; a la inclusión de niños, niñas y adolescentes con discapacidad; a la educación; al descanso y esparcimiento; a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura; libertad de expresión y de acceso a la información; de participación; de asociación y reunión; a la intimidad; a la seguridad jurídica y al debido proceso; y acceso a tecnologías de la información.